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VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
Enfermeras pediátricas generalistas que trabaja en hospitales de Valladolid han alzado la voz este martes para denunciar la vulneración del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a plazas públicas, tras la convocatoria en diciembre por primera vez de la oposición de Enfermería Especialista en Pediatría en la que, en fase de concurso, se puntúa diez veces más el trabajo de especialista que el de generalista.
Las integrantes del grupo denunciante, a través de un comunicado recogido por Europa Press, cuentan con plaza fija como enfermeras generalistas y, además, con el título de especialistas en Enfermería Pediátrica. Sin embargo, censuran que una situación administrativa ha colocado su trayectoria profesional en una posición de clara desventaja. La creación de la bolsa de especialistas en pediatría se produjo cuando estas profesionales ya tenían consolidada su plaza de generalistas y estaban en posesión del título de especialista.
Desde entonces, han continuado desarrollando su labor en unidades hospitalarias pediátricas, desempeñando funciones asistenciales, docentes, gestoras y de investigación idénticas a las de las enfermeras especialistas contratadas como tales.
Recuerdan que en diciembre del año pasado se convocó por primera vez la oposición de Enfermería Especialista en Pediatría, bajo el sistema de concurso-oposición. Es en la fase de concurso donde se produciría el conflicto, pues el baremo establece que el tiempo trabajado como especialista puntúa diez veces más que el trabajado como generalista, incluso cuando este último se ha desarrollado en servicios pediátricos y con el mismo nivel de responsabilidad y más teniendo en cuenta que estas enfermeras con plaza de generalista sí cuentan con el título de especialista.
NECESITARÍAN TRABAJAR MÁS DE 160 AÑOS
El resultado práctico de este criterio es, a su juicio, "demoledor", ya que, según los cálculos realizados por las afectadas, necesitarían trabajar alrededor de 160 años como generalistas para igualar la puntuación que otros aspirantes obtienen por su tiempo como especialistas.
Dicha circunstancia, en la práctica, las excluye casi matemáticamente del proceso selectivo. "La paradoja es evidente, estas enfermeras no sólo cuentan con el mismo título de especialista que las contratadas como tales, así como años de experiencia en unidades pediátricas, sino que en muchos casos han sido ellas quienes han formado a las profesionales que hoy sí pueden optar a contratos como especialistas, únicamente por una cuestión de tiempos administrativos", se quejan, quien añaden que unas y otras . realizan las mismas funciones, asumen las mismas responsabilidades y trabajan bajo los mismos protocolos.
Ante esta situación, el grupo presentó en tiempo y forma un recurso potestativo mediante la asesoría jurídica del sindicato CGT, al que están afiliadas, solicitando el ajuste del baremo para que se valoren de manera equitativa los servicios prestados en pediatría, independientemente de la categoría administrativa.
El recurso iba acompañado de documentación oficial, entre ella la descripción de funciones del puesto según normativa ISO, certificado de docencia a las enfermeras internas residentes de Pediatría--las que se están formando para ser especialistas--y un informe de la Jefatura de Servicio que establece una relación inequívoca entre las tareas desempeñadas por enfermeras generalistas con título de especialista y las enfermeras especialistas, las cuales son exactamente las mismas.
Denuncian que el escrito fue dirigido a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, organismo del que, a día de hoy, no han recibido respuesta alguna. Las afectadas insisten en que únicamente cuestionan la aplicación de un baremo que no reconoce la experiencia real, el título con el que sí cuentan ni el trabajo efectivamente realizado.
"Pedimos que se nos evalúe en igualdad de condiciones, dado que nosotras también somos especialistas, tal y como se ha hecho en otras Comunidades Autónomas, como Galicia. No es una reivindicación corporativa, es una cuestión de justicia profesional", concluyen.
Mientras tanto, el silencio administrativo mantiene en suspenso a un grupo de profesionales cuya trayectoria en la sanidad pública pediátrica sigue sin encontrar reflejo en los procesos selectivos que deberían premiar mérito, capacidad y experiencia.