Familias ven atendidas sus denuncias contra la Junta por descontarles la "prestación por hijo a cargo" del INSS

VALLADOLID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Progenitores de graves dependientes han visto atendida su reclamación contra la Junta, a través de sentencias en distintos tribunales, por haberles descontado desde 2018 de las prestaciones de la dependencia la cuantía que percibían del INSS por la "prestación por hijo a cargo", según la información de la Plataforma Social de Castilla y León recogida por Europa Press.

Como su propio nombre indica, la "prestación por hijo a cargo" la reciben el familiar de una persona con discapacidad. El descuento por parte de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, a través los artículos 32,2 y 43,1 de la Orden FAM/6/2018/ de 11 de enero, de la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio que la ley de la Dependencia les reconocía para que pudieran financiar un centro de día u otro servicio, se tradujo por parte de familiares de personas en situación de dependencia en la presentación de 32 recursos contencioso-administrativos ante los Juzgados de lo Social contra la Junta de Castilla y León.

El Juzgado de los Social dio la razón a las familias y la Junta volvió a recurrir en apelación las sentencias que eran favorables a las familias y desfavorables e incluso acudió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que volvió a fallar a favor de los afectados, y más tarde ante el Tribunal Supremo, que no llego ni admitir la mayor parte de los recursos, mientras que el resto fue desistido.

Las distintas sentencias, apunta Plataforma Social de Castilla y León, volvían a confirmar que la Junta estaba reduciendo a las familias la cuantía de la prestación económica para la adquisición de un servicio, y ello a partir de "una interpretación torticera de la ley".

Para visualizar lo ocurrido, Plataforma Social reseña el caso de Julio--persona con dependencia grado III. Máximo grado de dependencia--al que correspondían, a través de la Ley de la Dependencia, 1.105 euros de prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio. En este caso, el dinero lo destinaba a la contratación de una plaza en un centro de día para personas con discapacidad. Aplicada por la Junta la reducción de la "prestación por hijo a cargo" que recibía su padre, la cantidad se le reducía a 897.

Ante las demoras de la Junta para aplicar las sentencias, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León publicó un "Edicto", lo que ha obligado a la Administración regional a modificar la Orden FAM/6/2018, anulando de los artículos 32,2 y 43,1, el siguiente texto: "o a favor de otras personas por su causa".

Así mismo, el colectivo denunciante sostiene que la Junta estaba computando como ingresos de la persona en situación de dependencia la "prestación por hijo a cargo" a la hora de determinar el copago en los centros públicos y concertados para las personas con discapacidad, lo que suponía que se incrementaba la cuantía que tenían que abonar. En este caso la Junta se ha visto obligada a modificar el Decreto de Precios Públicos.

Por ello, Plataforma Social de Castilla y León muestra su agradecimiento a las familias que decidieron recurrir a los tribunales la Orden que "reducía injustamente" las cuantías de las prestaciones de la dependencia, pues gracias a las mismas hoy todas las de Comunidad con hijos e hijas que reciben las prestaciones económicas de la dependencia han visto incrementadas sus cuantías.

Así, Plataforma Social denuncia la "obstinación" de la Junta de Castilla y León que ha obligado a las familias a tener que seguir un largo proceso judicial para que pudieran conseguir las prestaciones que les correspondían y que la Administración regional "ha intentado reducir de forma torticera".