El fiscal de la 'trama eólica': "Se vulneraron los principios de objetividad, transparencia y libre competencia"

VALLADOLID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

"En este procedimiento queda claro que se han vulnerado tres principios básicos: los de objetividad, transparencia y libre competencia", de esta forma iniciaba este jueves el Fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz, su informe según el cual considera "acreditados todos los hechos y la participación de cada uno de los once acusados que quedan en el procedimiento" y que, según él, tienen en la cúspide al que fuera primera viceconsejero de Economía y luego secretario de dicho departamento, Rafael Delgado, a quien considera el alma mater de los supuestos chantajes sufridos por empresarios eólicos para que dieran entrada en el negocio a determinados socios locales o que vendieran a éstos sus parques.

Ya en la fase crucial de la exposición de conclusiones, el acusador público, primero en tomar la palabra, ha advertido de que la presente causa "no pretende juzgar si España es un país de libre mercado o de una economía dirigida, ni tampoco si todas las autorizaciones en el sector entre 2000 y 2015 son delictivas, sino determinar la licitud de unos hechos concretos", en referencia a aquellos en los que unos empresarios que decidieron apostar por el sector eólico se vieron obligados a renunciar o a vender sus parques, capítulo en el que ha incluidos a los representantes de sociedades como Canon Power, Ider, HN Generación, Ibervento, Altos del Rasero y Augusta Wind.

Y como punto de partida de esa supuesta trama, el acusador público, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha situado la instrucción 2/2004 en virtud de la cual el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, pasó a monopolizar la facultad de autorizar parques, atribución que hasta entonces estaba en manos de los jefes de servicio de Industria de las nueve provincias de Castilla y León.

"La normativa que establecía que las autorizaciones correspondían a estos funcionarios fue borrada, no sabemos si por un invento de Delgado y Ricardo Bravo, de Iberdrola o es algo que ya se hacía en otros sitios, pero lo cierto es que estamos ante unos hechos delictivos", ha denunciado el fiscal, en referencia a que dicha herramienta de la avocación, contemplada en la normativa, debería de haberse aplicado de forma excepcional y no de forma genérica para todos los proyectos, como así se hizo, "vulnerando el espíritu de la ley y la ley en sí misma".

Y es que para el fiscal, dicha orden obedeció a otros motivos, los mismos que desde entonces fueron denunciados, entre otros, por los empresarios Gregorio Álvarez Cobreros y Ricardo Fuster, de Ibereólica y Canon Power, respectivamente, quienes a lo lardo del juicio han confirmado el chantaje sufrido para dar entrada a socios predeterminados por Delgado y compañía, "algo que no contempla la ley ni el ordenamiento jurídico". Al respecto, el acusador considera significativo que antes de la instrucción de 2004 y en una etapa posterior a la investigada se dejó de exigir este requisito "que, casualmente, se imponía con Rafael Delgado como viceconsejero de Economía".

LISTADOS DE PARQUES INCRIMINATORIOS

Entre las pruebas de los delitos, entre ellos los de prevaricación y cohecho o tráfico de influencias, Tomás Herranz ha citado los listados de parques elaborados y la evolución administrativa registrada en algunos de los casos investigados, como el de Preneal, cuyas instalaciones, pese a no tener garantizada la evacuación, pasaron a figurar sombreadas en amarillo--significaba que su evolución se preveía favorable--"una vez que se produjo el pago del precio a Industrias San Cayetano", de los también acusados Alberto y Francisco Esgueva.

Más en profundidad sobre estos listados, la acusación pública ha advertido de que en un momento dado comenzaron a circular otros de nuevo formato, totalmente distintos de los de evacuación que se elaboraban en la Junta, pues los nuevos los pergeñaba Iberdrola y en ellos se hacía constar ya el nombre de los promotores, los futuros promotores y los parques a ceder.

"La columna de parques a ceder ya venía hecha", ha precisado el fiscal, quien tras esa elaboración considera que está la mano del directivo de Iberdrola Ricardo Bravo, lo que, a su entender, "demostraría la connivencia entre la hidroeléctrica y Rafael Delgado, "quien con su voluntad libérrima decidía qué parques se autorizaban y cuáles no, en una clara prevaricación continua por tomar decisiones injustas".

Aunque Delgado alegó en el juicio que la decisión de imponer la entrada de socios locales partió del consejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva, Fiscalía Anticorrupción considera dicha versión una "mera excusa" y, además, entiende que no ha quedado probado a lo largo del proceso judicial que el máximo responsable del departamento participara en los hechos, en los que, entre otros, sitúa como principales beneficiarios, en un lugar muy destacado, a San Cayetano Wind, de Alberto Esgueva, y al Grupo Collosa de los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente. A estos últimos, incluso les ha acusado de "alardear de influencias" en la Junta cuando a través de su sociedad, Inverduero, se hicieron con proyectos de Ibervento tras manifestar que estos parques eólicos solo podrían reconducirse ante la Administración regional con la incorporación de un socio local con capacidad como ellos.

Sin embargo, el acusador ha puesto como ejemplo de principal beneficiario a Alberto Esgueva, de San Cayetano Wind, con motivo de los 47 millones de euros obtenidos de Iberdrola tras asociarse con dicha compañía a través de la sociedad vehículo Energía Global Castellana, una vez vendidas a la hidroelécrica acciones por las que había pagado tan sólo 24.000 euros.

"¿Es casualidad que Alberto Esgueva coincidiera con Delgado cuando el primero era consejero delegado de Excal y el segundo presidente de ese organismo, es casualidad que el entonces director de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, fuera a Industrias San Cayetano para informar a Francisco Esgueva de los parques que se le iban a ceder?", se ha preguntado irónicamente el fiscal, para, acto seguido, insistir en que San Cayetano recibió un "especial trato de favor" a lo largo de todos los hechos enjuiciados, "pese a no haber hecho nada".

A lo largo de su intervención, que se ha prolongado por espacio de más de dos horas, el representante de la acusación pública también ha hecho mención a la implicación del resto de los ocupantes del banquillo--figuran en la causa once personas, tras la retirada de cargos contra dos directivos de Iberdrola, Rafael Icaza y Pedro Barriuso, y el técnico de Preneal César Hernández Chico--, entre los que también ha citado al supuesto testaferro de Delgado, el letrado Jesús Rodríguez Recio, al que acusa de mover las dádivas dinerarias de su amigo a través de sociedades 'offshore' en Mónaco y Suiza, incurriendo en blanqueo de capitales en su intento de ocultar el origen ilícito de ese dinero, así como al empresario y exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, quien obtuvo un total de 4 millones de euros de Iberdrola tras ofrecer un terreno para la instalación de un parque eólico en Villardefrades (Valladolid).

El conjunto de penas para los once acusados se eleva 116 años y las multas a 648 millones. La mayor es la dirigida contra Rafael Delgado, consistente en 42 años y multa de 239 millones. Le siguen Alberto Esgueva, con doce años y 68 millones de multa; Germán José Martín Giraldo, con la misma pena de cárcel y 14,5 millones, y Jesús Rodríguez Recio, diez años y medio y 25 millones.

Expuestos a seis años figuran Ricardo Bravo, los hermanos Llorente y Andrés Martín de Paz. Para la expareja de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno, se solicitan cuatro años y multa de 215.000 euros.