Fiscalía investiga la relación de la empresa adjudicataria de señalización de calles en Valladolid con un funcionario

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Manuel Saravia, han explicado este lunes que la adjudicación a la empresa API del contrato menor tramitado por vía de emergencia para la señalización horizontal de las calles que habían sido reasfaltadas el pasado verano "en ningún caso fue arbitraria", pese a que la citada sociedad será investigada por la Fiscalía por trabajar en connivencia desde hace años con un funcionario municipal.

Puente y Saravia han comparecido ante la prensa local minutos después de que representantes del Grupo Municipal Popular hayan advertido de posibles ilegalidades en la adjudicación por vía de emergencia del citado contrato, lo que los ediles del equipo de Gobierno han considerado como un intento de "liar todo" y "poner la venda antes de la herida", ya que el alcalde afirma que esta misma semana tenía previsto dar explicaciones sobre el traslado a Fiscalía del expediente que se abrió al citado funcionario por "indicios de delito".

Los miembros del equipo de Gobierno han explicado que la situación señalada por el PP proviene de la decisión de renunciar a adjudicar el contrato de señalización horizontal para los próximos años, ya que en una tramitación iniciada todavía durante el período del anterior equipo de Gobierno había propuesto la adjudicación a la empresa API por unos 800.000 euros al año, mientras que la señalización vertical correspondería a una sociedad del mismo grupo empresarial.

"Consideramos que era lesivo para los intereses públicos y decidimos renunciar al mismo. En paralelo, nos llegan informaciones de que existe una relación de connivencia presuntamente entre el funcionario que informa el contrato y la empresa", ha explicado el regidor vallisoletano, quien ha añadido que según pudo conocer el equipo de Gobierno, el contrato que en Valladolid cuesta en 800.000 euros, en Bilbao se hace por "500.000 euros e incluye la señalización tanto horizontal como vertical".

De hecho, Puente ha añadido que le sorprendió inicialmente que "pintar las rayas pudiera suponer un coste de 800.000 euros al año", cuando además de las "siete u ocho" empresas que habían participado en el proceso de adjudicación varias ofrecían cantidades como 400.000 o 500.000 euros que "se consideraron bajas temerarias".

Al quedar suspendida esta contratación principal, el equipo de Gobierno encargó un informe al área correspondiente para encontrar la mejor solución para las calles que habían sido reasfaltadas, que podrían encontrarse durante un tiempo sin señalización horizontal en una situación "extremadamente peligrosa, con riesgo de accidentes y atropellos, tanto en tráfico rodado como para los peatones".

De las cuatro opciones que planteaba la Gerencia de Urbanismo, se descartó el cierre de las calles y se optó por sacar, mediante procedimiento de emergencia, un contrato menor que cubra las necesidades expuestas, consistentes en señalizar aproximadamente una treintena de calles.

Esta gestión, como ha defendido Puente, "en ningún momento" se realizó de manera "arbitraria" ni era "un capricho", pues el equipo de Gobierno mantiene que existía una necesidad "fundamental" de pintar las calles. "Lo más espinoso es la declaración de urgencia, pero el informe la respalda porque se entendía que existía una situación de riesgo", ha subrayado.

El concejal de Urbanismo ha justificado la adjudicación del contrato menor a la misma empresa que se solía encargar de la señalización de vías públicas por que "era lo más viable" para ejecutar los trabajos con rapidez, ya que disponía de "los medios y el conocimiento" necesarios.

Posteriormente, el pasado 11 de noviembre, se confirmó la presentación de una denuncia por parte de un particular por presunto trato de favor entre un funcionario municipal y la empresa API, que le entregaba "prebendas y regalos".

JAMONES, ENTRADAS PARA LOS TOROS Y LA CHAMPIONS

Así, Puente ha detallado que el trabajador disponía por cuenta de la sociedad, desde 2010, de un coche modelo Volkswagen Passat, que su hijo había sido contratado por la propia empresa en 2012 y que había recibido "constantes" regalos" como "jamones, entradas para espectáculos taurinos o para partidos de Champions League en el Santiago Bernabéu".

Al conocer esta denuncia, el equipo de Gobierno decidió abrir un expediente disciplinario al funcionario, que según ha detallado Puente, no declaró ante el instructor municipal sino que entregó un escrito recomendado por su letrado y, a su juicio, "sólo dio explicaciones concretas sobre las entradas para el fútbol".

La tramitación del citado expediente ya se ha suspendido para dar traslado del mismo a la Fiscalía, según decisión adoptada por la Concejalía de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica, ante los indicios "fundados" de criminalidad.

El citado funcionario, según ha detallado el alcalde, se encuentra de baja "por razones psicológicas" y solicitó en su momento reunirse con el propio alcalde, al igual que los representantes de API, sin embargo Puente ha aseverado que el asunto debe hablarse "en los Juzgados" porque hay una denuncia "muy detallada".

Por todo ello, el regidor vallisoletano ha señalado que, aunque no quiere responsabilizar al equipo de Gobierno del PP de lo que hacía el funcionario, ha advertido de que "como mínimo, no se ha enterado" de las irregularidades que, como afirmó posteriormente, "no eran tan desconocidas" entre los empleados municipales.

Asimismo, ha reprochado que el portavoz 'popular' Jesús Enríquez cuestione que el contrato menor se tramitara como de urgencia, cuando hace más de diez años autorizó la renovación por la misma vía de dos alquileres de naves pertenecientes a empresas vinculadas con la familia del exjefe de Servicio de Mantenimiento, investigado por una trama de adjudicaciones irregulares.

Del mismo modo, tras recordar que Enríquez "utiliza" la Comisión de Control de la Contratación que preside por delegación del alcalde socialista, ha considerado que éste entorpece la gestión municipal, pero ha reconocido que no sabe si le retirará esa responsabilidad porque no quiere que se diga que se le cesa "porque resulta incómodo".