Fiscalía y Junta piden tres años y medio de cárcel para los dos presuntos autores de daños en Pintia (Valladolid)

Las indemnizaciones solicitadas oscilan entre los 918.000 y los 235.000 que interesa la Universidad de Valladolid, personada en el proceso también como acusación

Archivo - Símbolo vacceo en la necrópolis de Las Ruedas. Foto de archivo
Archivo - Símbolo vacceo en la necrópolis de Las Ruedas. Foto de archivo - MIGUEL ALAN CÓRDOVA SILVA - Archivo
Europa Press Castilla y León
Actualizado: miércoles, 18 noviembre 2026 17:50

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Valladolid y la Junta de Castilla y León solicitan penas de tres años y seis meses de prisión para cada uno de los dos administradores solidarios de las mercantiles Agrobezana S.L. y Estruduero Construcciones S.L., José Luis D.S. y Miguel Ángel S.F, como presuntos autores de un delito de daños sobre el patrimonio histórico cometido en el yacimiento arqueológico de Pintia, ubicado en Padilla de Duero, dentro término municipal de Peñafiel.

Por su parte, la Universidad de Valladolid (UVA), a través del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg, que ejerce también la acusación particular, ha pedido tres años de cárcel o alternativamente una multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, mientras que la representación procesal de ambos encausados y de la arrendataria agrícola Agrobezana S.L. ha reclamado la libre absolución al alegar un error de tipo invencible por desconocimiento de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo de la parcela afectada, al tiempo que ha impugnado las valoraciones económicas por considerarlas abusivas y desproporcionadas.

Los hechos objeto de acusación, a los que ha tenido acceso Europa Press y que serán juzgados en marzo de 2027 en un juzgado de lo penal de la capital, se remontan al día 12 de enero de 2024 cuando, sobre las 09.30 horas, los dos acusados, administradores solidarios de Agrobezana S.L.--arrendataria desde el 22 de octubre de 2017 de un parcela agrícola en el polígono de Padilla de Duero-Peñafiel--y de Estruduero Construcciones S.L., procedieron, presuntamente, sin autorización de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a la apertura de una zanja para instalar una tubería de polietileno de diez centímetros de diámetro destinada al riego agrícola.

Según los relatos del Ministerio Público y la Administración autonómica, la excavación alcanzó unos 260 metros de longitud, cifra que la UVA sitúa en unos 230 metros, entre 40 y al menos 60 centímetros de anchura y entre 1,20 y 1,50 metros de profundidad, atravesando las parcelas 62 y 66 en el sector denominado Las Quintanas, núcleo del poblado vacceo-romano de 25 hectáreas declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por Decreto 301/1993, de 9 de diciembre, e incluido en el Inventario de Bienes Culturales y Patrimoniales con el número 15058 y en la Ficha número 11 del Catálogo de Protección del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Peñafiel.

AFECTACIÓN DE RESTOS HISTÓRICOS

La zanja fue abierta por un trabajador de Estruduero Construcciones S.L. mediante una máquina retroexcavadora y tras la colocación de la conducción fue cubierta en su mayor parte, salvo un tramo de unos 15 metros, por José Luis D.S. mediante el uso de una pala cargadora. Tal acción cortó la estratigrafía bajo el denominado nivel de arada, lo que afectó a manzanas de viviendas vacceas y romanas, seccionando transversalmente un tramo de la muralla vaccea y alterando el sector artesanal extramuros, además de provocar que afloraran fragmentos de vasijas vacceas, cerámicas altoimperiales y bajoimperiales, adobes y tejas romanas, pese a la existencia de carteles informativos de la zona arqueológica colocados en los caminos de acceso desde los años 2003 y 2004.

Fiscalía y Junta consideran que los hechos son constitutivos de un delito de daños sobre el patrimonio histórico previsto y penado en el artículo 323.1 y 2 del Código Penal y solicitan para cada uno de los dos acusados tres años y seis meses de prisión, además de exigir la segunda de ambas acusaciones que los encausados ejecuten a su cargo y bajo supervisión de la Junta las medidas necesarias para restaurar en lo posible el bien dañado.

De manera subsidiaria, para el supuesto de que los hechos se encuadren en un delito de daños en yacimientos arqueológicos por imprudencia grave tipificado en el artículo 324 del Código Penal, la Fiscalía interesa una multa de 18 meses con cuota diaria de 30 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, mientras que la Junta ha pedido una multa de 18 meses con cuota diaria de 50 euros.

Por su parte, la Universidad de Valladolid califica los hechos conforme al artículo 323.1 del Código Penal--relativo a daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, así como los actos de expolio--y pide tres años de prisión. Alternativamente, solicita una multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, y subsidiariamente, por el delito imprudente del artículo 324, una multa de 18 meses con cuota diaria de 30 euros.

Respecto a las responsabilidades civiles, el Ministerio Fiscal reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León en la suma total de 918.853,40 euros más los intereses legales, cantidad fijada en el Informe Técnico y Peritaje Arqueológico de 6 de noviembre de 2024, con responsabilidad civil subsidiaria a las mercantiles Agrobezana S.L. y Estruduero Construcciones S.L. y responsables directas a las aseguradoras Mapfre y Axa.

La Junta de Castilla y León solicita por su parte una indemnización directa para la Administración autonómica de 669.470,51 euros, mientras que la institución académica ha reclamado 235.792,12 euros en concepto de perjuicio derivado de la pérdida de capacidad de investigación arqueológica y generación de conocimiento científico sufrida por el Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg.

DESCONOCÍAN EL VALOR ARQUEOLÓGICO DE LA ZONA

Por el contrario, la defensa de los acusados rechaza la existencia de delito y de dolo alguno al sostener que los realizaban labores agrícolas ordinarias de riego en una finca de regadío de 3,80 hectáreas integrada en la Comunidad de Regantes de Valdemudarra, donde cultivaban ajos y remolacha desde 2017, sin haber recibido nunca comunicación ni advertencia alguna sobre su protección arqueológica en el contrato de arrendamiento, el Registro de la Propiedad o el Catastro.

Por ello, invocan de forma subsidiaria la eximente de error de tipo invencible del artículo 14.1 del Código Penal, la atenuante analógica del artículo 21.7 por falta de conciencia de antijuricidad y, sólo para el caso de condena por imprudencia grave del artículo 324, una multa de tres meses con cuota diaria de tres euros, además de solicitar la imposición de costas a la acusación particular por mala fe.

Además, la defensa denuncia indefensión e irregularidades en la instrucción y en la actuación de la Junta y del director del Centro de Estudios Vacceos, al asegurar que que se impidió a los acusados y a sus técnicos presenciar las catas antes de tapar la zanja, que la señalización existente en enero de 2024 se limitaba a un cartel turístico genérico y deteriorado y que los paneles informativos actuales fueron instalados con posterioridad. También ha impugnado la tasación económica por considerar que confunde el valor global del yacimiento e hipótesis académicas futuras con el daño efectivo.

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