VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales han rubricado este miércoles un acuerdo para flexibilizar el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), un derecho subjetivo incluido en el Estatuto de Autonomía para garantizar una atención a las personas más vulnerables que se reconocerá al mes siguiente de producirse la solicitud, frente a los tres meses estipulados en la actualidad.
Esta es una de las principales mejoras que se introducirá en la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía que abrirá por primera vez la posibilidad de incentivar contratos temporales a jornada completa y por un mínimo de 180 días para los perceptores de este derecho subjetivo para que puedan entrar en la rueda de generación de subsidios y prestaciones por desempleo y "se vuelvan a sentir útiles para la sociedad a través del trabajo".
El acuerdo del Diálogo Social, que se hará efectivo con la aprobación en un plazo de unos dos meses de un Decreto-Ley que se tramitará después en las Cortes como proyecto de ley, prevé también la compatibilización de la Renta con otras prestaciones de desempleo, aunque los sindicatos no han conseguido introducir finalmente las pensiones no contributivas ya que, según ha admitido el secretario regional de UGT, Agustín Prieto, no estaba claro si habría problemas de incompatibilidad para sus perceptores, si bien ha asegurado que no abandonarán este objetivo para futuras modificaciones.
La RGC beneficiará también a grupos que hasta el momento no podían acceder a este derecho subjetivo, como algunos menores de 25 años "en situaciones preocupantes", y facilitará la "reanudación automática" de la percepción una vez finalizada una actividad laboral cuando el beneficiario la tenía suspendida por obtener ingresos de dicha actividad, lo que evitará tener que reiniciar el proceso para el reconocimiento del derecho como ocurre en estos momentos.
Andalucía
