VALLADOLID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y Aquona han firmado un protocolo para garantizar el suministro de agua para colectivos vulnerables económicamente, un documento que pretende establecer unas bases para que los ayuntamientos, dentro de su autonomía, se incorporen a este acuerdo.
El presidente de la FRMP, Alfonso Polanco, y el director de Concesiones de Aquona, Jesús María García del Valle, han rubricado el protocolo, que va en la misma línea de otros firmados con Iberdrola o Gas Natural para el suministro de energía, pero en este caso del agua en los 60 municipios (entre ellos Valladolid y León) a los que la empresa gestiona el agua, en los que vive un millón de personas.
Alfonso Polanco ha explicado que el objetivo "compartido", que también lo establecía el Procurador del Común en un informe sobre el agua, es "blindar" a los clientes con dificultades para pagar, aunque cada ayuntamiento tenga que aprobar su ordenanza o modificar su normativa para contemplar esta medida.
Así, el protocolo contempla medidas como una tarifa especial para viviendas con familias numerosas, una tarifa especial para pensionistas, otra social bonificada aplicable a las familias vulnerables, una financiación social y la creación de un fondo de solidaridad para cubrir las facturas de agua de las familias vulnerables según la evaluación previa de los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente.
Las personas que puedan encontrarse en esta situación, para evitar el corte de suministro, acceder a estas tarifas o a la financiación, deberán dirigirse a la compañía o al ayuntamiento, cuyos servicios sociales estarán coordinados con Aquona.
NO LLEGAR A CORTAR EL AGUA
El responsable de Aquona ha destacado que se trata de evitar el corte de suministro y facilitar las cosas a estas personas de forma "rápida, eficiente y en colaboración con los servicios sociales".
El presidente de la FRMP ha aclarado que todos los ayuntamientos trabajan en esta línea, pero se trata de establecer unos criterios homogéneos, para lo que ha asegurado que se podrían firmar protocolos similares con las empresas que quieran hacerlo.
Polanco ha advertido de que estarán "vigilantes" y "pendientes" de esta cuestión, así como "muy coordinados" con los servicios sociales ante cualquier situación en la que no hayan sido capaces de actuar, aunque también ha añadido que los ayuntamientos multiplicaron por cuatro sus ayudas de emergencia social durante la crisis y ya están bajando las peticiones.
En cuanto a las personas que se puedan encontrar en esta situación, Jesús María García ha precisado que si la empresa registra entre un uno y un dos por ciento de recibos impagados, sólo el 0,1 o el 0,2 por ciento son personas sin recursos.