AVILA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente aprobó la firma de un convenio de colaboración con la Diputación provincial de Avila para el desarrollo de un proyecto de formación, sensibilización y análisis de necesidades ambientales en la provincia.
Según apuntaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Avila, las actuaciones previstas serán cofinanciadas en un 70 por ciento por la Fundación, mientras la aportación del 30 por ciento restantes corresponde a la Diputación sobre un presupuesto total de 450.000 euros.
La Dirección General de la Fundación Biodiversidad resolvió con fecha del pasado 2 de febrero la suscripción del citado acuerdo, que se enmarca dentro del programa operativo 'Iniciativa Empresarial y Formación Continua' del Fondo Social Europeo para las regiones Objetivo 1 y 3 durante el periodo 2000-2006.
El subdelegado del Gobierno en Avila, César Martín, subrayó hoy que el proyecto de la Diputación de Avila se encuentra entre los seis adjudicados a administraciones públicas de un total de 57 aprobados en todo el Estado a diversos sectores, cámaras de comercio, organizaciones no gubernamentales y fundaciones.
De este modo y según Martín, vuelve a evidenciarse una vez más que la provincia de Avila "no está marginada por el Gobierno y sí se beneficia de los fondos que gestiona la Administración General del Estado" cuando los proyectos susceptibles de percibir ayudas se ajustan a los criterios establecidos en las diferentes convocatorias.
Además, el subdelegado del Gobierno detacó que la resolución de la Fundación Biodiversidad constituye un "nuevo ejemplo" de la "buena disposición" que existe por parte del Gobierno de la nación para impulsar desde la necesaria colaboración institucional "los proyectos encaminados a favorecer el desarrollo de la provincia abulense".
Las actuaciones previstas, que se desarrollarán durante este año, se dirigen a mejorar la formación y concienciación medioambiental de trabajadores de pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos, así como de colectivos desfavorecidos como las mujeres, empleados mayores de 45 años, trabajadores con baja cualificación y discapacitados relacionados con el sector medioambiental.