VALLADOLID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León pedirá mediante una proposición no de ley que la Junta realice una evaluación a los seis meses de entrada en vigor del Decreto de Precios Públicos de los Servicios Sociales, facilite a los usuarios información detallada sobre la determinación de la cuantía que debe abonar e incluya de forma específica la atención a las personas con parálisis cerebral.
Así lo ha explicado el portavoz socialista de Familia en las Cortes, Jorge Félix Alonso, quien considera que el Decreto es "mejorable" y además resulta "farragoso" para los usuarios, por ello pedirán en el Parlamento autonómico que a cada persona usuaria de las plazas incluidas en esta normativa se le facilite de forma específica información detallada de cómo se determina la cuantía que debe abonar por la plaza que ocupa.
Alonso, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que el precio hay que calcularlo con una serie de datos que suponen muchas fórmulas y variables, por lo que se pide que se facilite detalladamente a los usuarios.
Por otro lado, en la proposición, los socialistas solicitan una evaluación de la aplicación del Decreto una vez transcurridos seis meses desde su entrada en vigor, algo que consideran "razonable".
Además, piden que en esta evaluación se analicen de forma específica algunas cuestiones como la repercusión de la inclusión de la vivienda habitual en la determinación de la capacidad económica en cada caso.
USUARIOS EN ALQUILER
De la misma forma, Alonso ha explicado que se reclama a la Administración autonómica que también evalúe todo lo relacionado con la cuantía económica que le queda a un usuario para gastos a partir de la cantidad mínima garantizada cuando la persona usuaria debe pagar un alquiler, ya que se ha mostrado convencido de que estas personas pueden tener una situación "precaria".
En este sentido, ha puesto como ejemplo una persona con discapacidad que utilice los servicios de centro de día y viva en alquiler, con una pensión de 364 euros al mes y una renta de 300 euros. El Decreto contemplaría que a esta persona se le garantizan 357,7 euros de mínimo para vivir --sólo pagaría 6,3 euros por el servicio de centro de día-- pero con el alquiler se le quedaría sólo en 57,7.
Por otra parte, pide que la evaluación también haga especial hincapié en la situación económica en que quedan los usuarios a partir de las cantidades mínimas garantizadas en función de la situación de dependencia en que se encuentran en cada caso y que se distinga entre mayores, que no necesitan tanta cantidad económica como un discapacitado que, incluso puede ser leve, y desarrolla una vida prácticamente con normalidad.
Otra de las cuestiones que se solicitan en la citada proposición es que se incluya a las personas con parálisis cerebral de una forma específica, ya que en el Decreto se "asimilan" a personas con discapacidad intelectual y generalmente también tienen discapacidad física.
Finalmente, los socialistas plantean que cuando el Decreto se refiera a los mayores utilice los mismos términos que para la Ley de Dependencia, es decir, el grado de dependencia que tienen, y no se haga referencia a términos como "asistidos" o "grandes dependientes", por ejemplo. Jorge Félix Alonso considera que si se asimila la terminología se puede saber realmente lo que se atiende en cada caso.
El procurador socialista ha asegurado que la proposición no de ley se presenta con el fin de mejorar el Decreto, que se pueda "particularizar" cada caso para mejorar la información y que además se pueda comprobar qué alcance tiene mediante la evaluación.
