Los manifestantes aseguran que ha habido "carga" con dos heridos y mantienen que en sus tierras no se trabaja si no hay solución
VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
Efectivos de la Guardia Civil impidieron que los agricultores afectados por la construcción del macropolígono Canal de Castilla, entre las localidades de Corcos, Cigales y Cabezón de Pisuerga (Valladolid), se encadenaran a las máquinas que trabajan en el lugar.
Fuentes del Instituto Armado indicaron que se utilizó la "fuerza mínima imprescindible" para evitar que los afectados se encadenaron y que las máquinas siguieran funcionando, sin que fuera preciso el uso de las defensas de los agentes, aunque sí hubo enfrentamiento "verbal".
Sin embargo, la portavoz de la Asociación de Afectados Área Canal de Castilla, Ana Calzada, aseguró que la Guardia Civil "ha cargado" y dos de las 20 ó 30 personas que acudieron han sufrido contusiones y heridas que han tenido que ir a curarse, tras lo que decidieron dispersarse en torno a las 12.30 horas, dos horas después de llegar al lugar, para evitar "acabar en el cuartelillo".
Calzada aseguró que el dispositivo de la Guardia Civil era muy grande, más que si fueran "terroristas" y advirtió de que en sus tierras "no se trabaja" mientras no haya una solución y aclaró que si es necesario "acabar en la cárcel" por defender "lo suyo", lo harán.
"Para nosotros la única salida es ésta", dijo Calzada en referencia a las movilizaciones que llevan a cabo en las obras y recordó que la Junta se comprometió a una solución, se han mantenido conversaciones y reuniones en las que se afirmó que las máquinas estarían paradas y no ha habido una respuesta.
En este contexto, Calzada indicó que no sabe si no quieren aplicar soluciones o necesitan "otros cinco años" pero explicó que se han "acelerado los nervios" cuando la gente ha visto que había máquinas trabajando en unas tierras que no se han pagado.
En la actualidad aproximadamente la mitad de los propietarios de los terrenos en los que se ubicará el futuro macropolígono aún no han cobrado las cantidades acordadas por la expropiación, unos 14 millones de euros en total que adeuda Fincagest y otras cuatro pequeñas empresas.
