Hacienda aprueba las normas para redactar el PGC de 2027 orientadas al "empleo" y "gasto social"

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) la Orden mediante la que se dictan las normas generales para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2027 orientadas al "empleo" y al "gasto social" y con el objetivo de avanzar hacia una autonomía "innovadora".

Se trata del primer paso para la elaboración de unas cuentas que, como ya detalló el consejero de Economía y Hacienda, se esperan presentar dentro del plazo marcado por el Estatuto de Autonomía, es decir, el 15 de octubre. Actualmente Castilla y León cuenta con el Presupuesto prorrogado desde 2024 y fueron los últimos aprobados dentro del pacto de gobierno de PP y Vox, partidos que vuelven a conformar ahora el Ejecutivo tras las elecciones de 2026.

Según la orden publicada el marco normativo establece los criterios de presupuestación, la estructura económica y los plazos administrativos para el diseño de las cuentas públicas del próximo ejercicio.

Según se detalla, las nuevas cuentas se desarrollarán en un contexto de "inflación y subida de tipos de interés a nivel internacional", pero con un crecimiento económico autonómico que ha superado la media nacional en el primer trimestre de 2026, registrando una tasa anual del 2,9 por ciento. El objetivo fundamental fijado por el Ejecutivo autonómico para el proyecto presupuestario de 2027 se centra en "consolidar a Castilla y León como una comunidad dinámica e innovadora".

Las directrices dadas priorizan de forma la creación de empleo "estable y de calidad", la mejora de la eficiencia de los servicios públicos y la consolidación de un sistema sanitario moderno. Asimismo, el documento establece un modelo educativo "basado en el mérito" y el "esfuerzo", además de unos servicios sociales orientados a la cohesión territorial y a la protección de las familias y la infancia, al tiempo que situa el acceso a la vivienda como una prioridad absoluta tanto en el medio urbano como en el rural.

El proceso de confección del anteproyecto de ley ha quedado estructurado a través de diferentes grupos de trabajo coordinados por la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística. La Comisión Funcional del Presupuesto, presidida por el consejero Carlos Fernández Carriedo y compuesta por los secretarios generales de las distintas consejerías, se encargará de formular las propuestas de prioridades de gasto.

De forma complementaria, las Comisiones de Análisis de Programas evaluarán los costes y la adecuación de cada partida presupuestaria antes de que el borrador definitivo sea remitido al Consejo de Gobierno para su aprobación.

La orden regula un calendario de plazos y documentación para los diferentes centros gestores y entidades del sector público autonómico. Las propuestas destinadas a modificar el texto articulado de la ley se han fijado con el 28 de agosto de 2026 como fecha límite de entrega.

Por otra parte, las variaciones en la estructura funcional de los programas tienen de plazo máximo el 17 de agosto de 2026 , mientras que la equivalencia de las estructuras presupuestarias de los ejercicios anteriores con las de 2027 deberá estar cumplimentada antes del 24 de agosto de este año.