Los hermanos Llorente rechazan el cohecho al entender que no se ha probado su relación con Rafael Delgado

VALLADOLID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las defensas de los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente, de Grupo Collosa, inmersos junto a otros ocho encausados en el juicio de la 'trama eólica', han solicitado este lunes un fallo absolutorio para los tres no por falta de pruebas sino, como así han precisado, por entender que todas las operaciones realizadas por ellos en el sector eólico durante diecisiete años fueron del todo "legales" y que no se tradujeron en pago de dádivas alguno al entonces único alto cargo que figura en el proceso, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, de quien han negado que sus patrocinados mantuvieran relación con él y mucho menos amistad.

El primero de los letrado en abrir la jornada ha sido el representante legal de Patricio Llorente, quien en un informe de más de hora y media ante la Audiencia de Valladolid, donde se sigue este juicio iniciado hace cuatro meses que toca a su fin esta semana, ha vuelto a mostrar sus quejas por seguir a estas alturas sin conocer de qué se acusa a su cliente, lo que a su juicio supone una clara vulneración de sus derechos, al tiempo que ha mostrado su incredulidad ante una acusación que presenta una "realidad deformada", a pesar de lo cual tanto al acusado como a sus otros dos hermanos se les están pidiendo penas de seis años y multas de 45 millones de euros como cooperadores en un delito continuado de cohecho.

"Llevamos más de cuatro meses de juicio y por más esfuerzos que hago, por más que pase el tiempo con la magdalena delante del café como Marcel Proust, pues estoy buscando el cohecho perdido y no lo encuentro", ha apuntado irónico el defensor, quien también, en el supuesto de condena, ha invocado ante la sala las atenuantes de dilaciones indebidas y la cuasi-prescripción, en el primer caso porque la duración del procedimiento ha sido "exagerada y sin justificación" y en el segundo porque desde el inicio de los hechos, en 2004, hasta el momento presente han transcurrido más de dos décadas.

El abogado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que el propio Fiscal Anticorrupción reconoce que su cliente y sus dos hermanos son los únicos de los investigados que tenían interés en el sector eólico, como así acreditan las operaciones que Collosa inició en el gasístico con Endesa en 1993 y luego, a partir de 1999, en el de los parques eólicos donde participó en la construcción de hasta 41 instalaciones de este tipo en Castilla y León y fuera de dicha comunidad.

OTRAS EMPRESAS LOCALES HICIERON LO MISMO Y NO ESTÁN ACUSADAS

Es en ese contexto en el que el abogado ha enmarcado las negociaciones que Collosa emprendió en este sector con grandes hidroeléctricas, aprovechando la política de la Junta de dar entrada a empresarios locales, al igual de lo que hicieron otras muchas mercantiles como Helios, Pascual, Siro, Carlos Moro, Caja Duero, Caja Círculo, Caja Burgos..."y ninguna de estas se encuentra en el banquillo, pese a que también obtuvieron beneficios", se ha quejado el defensor, quien entiende que la razón de que Patricio Llorente sí figure como encausado es por una supuesta relación o amistad con el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, vínculo que, tal y como ha aseverado, no ha quedado probado a lo largo del proceso judicial.

"El acusador público sostiene que desde la Junta se favoreció la entrada de socios locales. ¿Qué delito hay? También se apunta que de ello se encargaron Rafael Delgado, siguiendo las instrucciones del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, y el directivo de Iberdrola Ricardo Bravo, primero dictando la instrucción de la avocación para centralizar en manos del vicesonsejero las autorizaciones y luego con la figura de la competencia por evacuación y la elaboración de unos listados con la evolución administrativa de los parques", ha resumido el letrado, para acto seguido preguntarse qué participación tuvo su cliente.

Esa avocación, según mantiene el abogado de Patricio, como luego ha corroborado el de Miguel Angel y Alejandro,  era "política de la Junta",  del conocimiento de todos y justificada en el intento de centralizar las numerosas solicitudes de parques existentes en aquella época, sin que la misma hubiera sido impugnada por ningún empresario e incluso contaba con un informe jurídico favorable.

Sentadas estas premisas, los defensores han mantenido la "licitud" de las operaciones económicas de Inverduero--la división de Collosa en el sector eólico-- con Iberdrola, a través de una sociedad en la que la primera entró con un 15 por ciento de acciones que diez años después vendió a la segunda por más de 600.000 euros, así como la asociación con Endesa, de la que obtuvo por la venta de acciones más de cuatro millones destinados al mismo objetivo de refinanciación de la deuda.

También consideran ajustadas a derecho la unión con Preneal, de la que Inverduero adquirió el 51 por ciento de acciones por 51.000 euros que se tradujeron finalmente en 10 millones de euros tras la venta de la sociedad a EON, además de la aventura empresarial con Eolia a través de la sociedad Eólica de Medinaceli, en la que entró también con un 51 por ciento de participaciones por un millón de euros que, una vez vendida la sociedad, le granjearon unos beneficios de 15 millones destinados igualmente para amortizar deuda.

PARA REFINANCIAR LA DEUDA, "NO AL BOLSILLO DE DELGADO"

Todas estas operaciones, "sin imposiciones de de la Junta" y por las que obtuvieron un beneficio de 15 millones, resultantes de los 31 millones vendidos y los 16 perdidos en la gestión de los parques, tuvieron por destino refinanciar la deuda que el grupo tenía con los bancos y que se elevaba a 241 millones, fruto de la crisis de los años 2008-2009, "no se destinaron al bolsillo del señor Delgado", han defendido los dos letrados.

Así, entre las medidas que la sociedad tuvo que adoptar para afrontar esa situación y "mantenerse a flote" figura la venta de "activos no estratégicos" que suponían sus parques eólicos y la desinversión en dicho sector. A tal objetivo responden los tres procesos de refinanciación de esta deuda con los bancos, de forma que los 241 millones a fecha de 2009 se vio reducida en 2017 a tan solo 27 millones.

Al igual de lo alegado por el defensor del primero de los tres hermanos Llorente, la segunda de las defensas ha reiterado la vulneración de sus dos clientes por la falta de concreción de los hechos imputados y ha pedido, en un supuesto de un fallo condenatorio, la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas y la cuasi-prescripción, pero también ha denunciado la "irregularidad procesal" que constituye el hecho de que sus defendidos hubieran sido sometidos a una investigación pre-procesal durante dos años, "a sus espaldas".

El representante de Miguel Ángel y Alejandro también ha puesto de relevancia las manifestaciones del entonces director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, y de su subordinado y jefe de Eólicas, Tomás Ciria, "brazos ejecutores del señor Delgado", en cuanto a que el primero de ambos aseguró en fase de instrucción que el viceconsejero nunca le trasladó el interés por que Collosa entrara como socio local y luego, ya en el juicio, indicó que a primeros de 2005 recibió de manos del segundo de a bordo de Economía un listado de socios locales en el que tampoco figuraba la empresa de los hermanos Llorente.

Los dos defensores, en ausencia de petición de responsabilidad civil por el Fiscal Anticorrupción, tampoco entienden el capítulo de las indemnizaciones reclamadas por socios de IDER, Augusta Wind y Altos del Rasero, "curiosamente porque ninguno de los tres hermanos tuvo relación con esas mercantiles. Si no hay relación de causalidad, tampoco puede haber indemnización", concluyen.

El juicio por la 'trama eólica' volverá este martes a vivir una nueva jornada para escuchar los informes de los responsables civiles.