Herrera garantiza los servicios mínimos en la huelga de funcionarios y recuerda la "frivolidad" del Gobierno

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, garantizó hoy los servicios mínimos durante la huelga de funcionarios del próximo 8 de junio al tiempo que recordó la "frivolidad" del Gobierno con la retribución de los empleados públicos.

Herrera, que hoy inauguró el parque ambiental del PRAE en Valladolid, aseguró que la Junta ha actuado "con lo que tiene que hacer" en estas circunstancias, acordar unos servicios mínimos que garanticen la prestación de los servicios a los ciudadanos, a los que envió un mensaje de "tranquilidad".

En este sentido, se mostró seguro de que en virtud de los acuerdos sobre servicios mínimos y del "sentido de responsabilidad de los servidores públicos" el día 8 los servicios públicos "fundamentales" estarán "a disposición de los dueños de los mismos, los ciudadanos".

Juan Vicente Herrera recordó que ayer mismo la Junta ayer adoptó un decreto ley que traspone la decisión "obligatoria, imperativa" del Gobierno de Zapatero que aplica "un durísimo" recorte sin precedentes, aunque no crea que no es necesario.

"Esa medida puede ser necesaria porque en otros momentos se ha frivolizado también con las retribuciones de los empleados", dijo el jefe del Ejecutivo autonómico, quien incidió en que a diferencia de otros países europeos que han pactado o negociado con los empleados públicos y, sino ha habido acuerdo, se ha decidido congelar durante dos o tres años.

Sin embargo, recordó que en España el año pasado "todavía se frivolizaba con una situación insostenible" y el Gobierno impuso a todas las administraciones subidas en las retribuciones de los empleados en el entorno del 4 por ciento.

"El mismo Gobierno que se ha visto en la necesidad impuesta por Europa de un recorte objetivo, es una buena prueba de la ineficacia con la que el Gobierno está dirigiendo sus políticas en relación a la crisis", dijo Herrera, quien añadió que lo van a sufrir "muchas familias", ya que en el caso de Castilla y León pueden ser hasta 175.000 las personas que trabajan en los servicios públicos de las diferentes administraciones.