Herrera rechaza medidas contra desahucios de dudosa base legal como en Andalucía y aboga por el "consenso"

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha rechazado medidas de "dudosa legalidad y constitucionalidad" como las anunciadas en Andalucía para evitar los desahucios y ha abogado por el "consenso" frente a la "imposición" con otras iniciativas como el servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio puesto en marcha en la Comunidad.

Herrera se ha expresado así en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Mixto y coordinador regional de IU, José María González, quien ha calificado de "parche" la medida puesta en marcha por la Junta.

Así, el presidente de la Junta de Castilla y León ha manifestado sus dudas sobre en qué se traducirá el anuncio del Gobierno de Andalucía de expropiar las viviendas de desahuciados a los bancos y ha pedido prudencia a González para que no se "apresure" a rentabilizar un modelo que ha tenido "mucho ruido" pero también "muchas dudas".

Aunque ha coincidido con el procurador del Grupo Mixto en que el de los desahucios es un "gran problema social", el jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que varias comunidades autónomas, no sólo las gobernadas por el PP, respetan el modelo anunciado por Andalucía pero han dicho que no es el suyo.

A su juicio, el problema fundamental se tiene que solucionar mediante la modificación de buena parte de la legislación estatal en materia hipotecaria, arrendataria, procedimientos, de instituciones financieras, "casi toda la normativa".

Sin embargo, ha afirmado que mientras esto se lleva a cabo Castilla y León ha aprovechado su capacidad y ha puesto en marcha un servicio que tiene carácter preventivo cuando hay un riesgo de insolvencia y la "interlocución" está dando resultados, con 685 familias de la Comunidad que han acudido al servicio puesto en marcha por la Junta, 283 resoluciones, 253 de ellos positivamente, con un buen número de reestructuraciones de deuda y daciones en pago.

Por el contrario, ha recordado que hace tiempo se puso como la "panacea" la dación en pago, que considera algo "interesante", pero ahora se ve que no se resuelve el problema de vivienda porque si no hay un alquiler social tras la dación no se resuelve, pero además el sistema tiene un coste y un gasto para las familias, que tienen que pagar la plusvalía.

VOLUNTAD DE BUSCAR SOLUCIONES

Por ello, ha incidido en que el Gobierno de la nación tiene la voluntad y cree que también la "obligación" de buscar un consenso político para dar una respuesta "eficaz" al problema, pero ha advertido de que no se pueden mover "como un elefante en una cacharrería".

Además, ha hecho un llamamiento a "no dinamitar" un sistema que supone problemas para algunos ciudadanos y no para cientos de miles de castellanoleoneses que pagan una hipoteca frente a los 2.834 procedimientos de ejecución hipotecaria, un 4,3 por ciento del total, que se han registrado en la Comunidad, mismo porcentaje de ejecuciones (1.709).

Sin embargo, José María González ha tachado de "parche" la medida de la Junta pero ha advertido de que eso sólo sirve para que la bicicleta siga andando pero "no para subir un puerto" y ha reclamado que se tomen medidas para garantizar la función social de las viviendas que a nadie se le va a echar de su casa.

El procurador del Grupo Mixto cree que son necesarias "medidas decisivas" y ha criticado que haya bloques cerrados de empresas, promotores o bancos en venta o alquiler de los que se ha desahuciado a gente.

González, que considera que el servicio de ayuda de Castilla y León es positivo, ha reclamado "medidas reales" que permitan a las familias llegar "más allá" de donde se ha hecho y en la Comunidad se vaya "con la cabeza bien alta" por haber defendido a estas familias porque considera que no es indigno "no tener dinero" pero la sociedad sí ve que lo es ser "expulsado" de la vivienda.

Precisamente a este respecto también ha preguntado al Gobierno autonómico la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, quien ha recordado que en 2011 su formación propuso una oficina de mediación hipotecaria y el PP "se rió" y ahora parece que es "la panacea", cuando "no es cierto" y los datos oficiales indican que en 2011 se produjeron cuatro desalojos diarios y sólo en los primeros meses de 2013 se han iniciado 500 nuevos procedimientos.

Así, si no se pone remedio, ha afirmado que el problema va a ir "a más" porque aumenta el desempleo y los ingresos de las familias van "menguando", por lo que considera que todas las administraciones están "llamadas" a resolver el problema y ha añadido que no sólo Andalucía, sino Galicia o Asturias ya han dado pasos adelante para que no haya un desalojo más "mientras el Gobierno deshoja la margarita" y ha preguntado si se va a tomar alguna medida "excepcional".

GARANTÍA EN CYL

A este respecto, la consejera de Familia, Milagros Marcos, ha incidido en que las familias de Castilla y León tienen "bastantes más derechos" y un sistema de protección que garantiza una posible solución y no esperar al desahucio para una solución y ha añadido que tomarán todas las medidas que estén a su disposición.

Además, Marcos ha afirmado que si algo hay en el gobierno es "coordinación" mientras que el PSOE lo que hizo al frente del Ejecutivo central fue tomar medidas para desalojar "en tiempo récord" a las familias de las viviendas, mientras que en Castilla y León se han atendido 685 familias. Además, la consejera ha recordado que en Andalucía el sistema que se propone hace que los afectados se queden con la deuda, sin casa y tienen que pagar la expropiación con el 25 por ciento de sus ingresos a la Junta.

En su turno de dúplica, la procuradora socialista ha criticado que se "frivolice" con esta cuestión y ha acusado al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, de agravar la situación con la supresión de las ayudas al alquiler de Revival o el cierre de la bolsa de alquiler joven, mientras que ha criticado que las oficinas de información del sistema de apoyo a las familias en riesgo de desahucio lo que hagan es aconsejar sobre la redistribución del presupuesto, pero ha incidido en que cuando una familia tiene 500 euros de ingresos y 600 de hipoteca "no se puede".

Redondo cree que "situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales" y hasta ahora sólo se ha visto una que es el "rescate a la banca" y ha pedido utilizar la voluntad política para rescatar a los ciudadanos de una "situación injusta" por "desproporcionada".