Concluye que las interrupciones producidas durante la sesión no tuvieron relevancia jurídica ni afectaron a los debates del Proyecto de Ley
VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Informe de los Servicios Jurídicos de las Cortes de Castilla y León ha respaldado la actuación del presidente, Carlos Pollán, en el Pleno del pasado 23 de diciembre y ha concluido que las interrupciones producidas durante la sesión no tuvieron relevancia jurídica ni afectaron a los debates del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.
Y según ha informado este jueves el Parlamento autonómico, los Servicios Jurídicos consideran que tampoco alteraron ni condicionaron la libertad de los procuradores para pronunciarse sobre la aceptación o rechazo del referido Proyecto de Ley.
Este informe elaborado a petición del Grupo Parlamentario Socialista sobre las dos suspensiones de la sesión decretadas por el presidente de las Cortes durante el desarrollo de la sesión plenaria celebrada el 23
de diciembre se remitió ayer a los grupos parlamentarios ante la celebración este jueves de la Junta de Portavoces que tiene lugar hoy.
El informe jurídico de respuesta a la petición socialista concluye que "resulta francamente difícil imaginar cómo la interrupción de una sesión plenaria que finalmente se reanuda y acaba sustanciando todos los asuntos incluidos en su orden del día puede perjudicar de algún modo el derecho de los miembros de la Cámara a participar en las funciones legislativas y de control al Gobierno atribuidas a esta, y en el caso que nos ocupa concretamente, a debatir, a enmendar y concurrir con su voto a la aprobación o rechazo de los proyectos y proposiciones de ley".
En otras palabras, añaden las mismas fuentes, las suspensiones del Pleno decretadas por el presidente de las Cortes "ni impidieron ni obstaculizaron en modo alguno el derecho de los Procuradores y de los Grupos Parlamentarios a participar en el debate del Proyecto de Ley de Medidas y a ejercer respecto de este su derecho a voto. A estos efectos, la presunta vulneración del mandato del artículo 84 del Reglamento carece de consecuencias jurídicas".
