VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
"¡El proyecto estaba viciado de nulidad de pleno derecho y había que haber realizado modificados que tenían que haber pasado por el pleno!", es la contundente afirmación realizada por el interventor del Ayuntamiento de Íscar sobre el expediente seguido en las obras del Centro Multiusos de dicha localidad vallisoletana, planteamiento que, de forma más tibia, ha sido también respaldado por el secretario municipal.
El testimonio de ambos técnicos ha sido lo más destacado de la segunda jornada del juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid y que han servido de apoyo a las tesis de las acusaciones pública y particular, esta última ejercida por el Consistorio iscariense, de que los tres ocupantes del banquillo, el exalcalde del PP, Alejandro García Sanz; el entonces concejal de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el arquitecto municipal, José Luis Pérez, se saltaron 'a la torera' los procedimientos e incurrieron en numerosas irregularidades en la tramitación del proyecto.
La testifical más categórica ha corrido a cargo de quien se incorporó al Área de Intervención del Ayuntamiento el 1 de junio de 2009, José Antonio L.S, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que al acceder al puesto las polémicas obras llevaban ya en curso tres años, se hallaban aún sin concluir y tuvo que ponerse al corriente de forma urgente cuando un día el alcalde le puso sobre la mesa el pago de unas facturas proforma, sin certificaciones de obra, algo ya de por sí irregular.
"Comencé a investigar el expediente", ha explicado el técnico, quien a raíz de sus pesquisas llegó a formular distintos informes de "disconformidad" en cuanto a la tramitación de las obras por cuanto, como así ha detallado, comprobó que se habían ejecutado trabajos no contemplados en el proyecto inicial aprobado en marzo de 2006, con incrementos muy importantes de presupuesto, de hasta el 20 por ciento, que exigían la realización de modificados y su paso por el órgano de contratación que era el pleno, algo que trasladó al entonces al alcalde sin ningún éxito ya que la empresa adjudicataria recibió los pagos correspondientes.
En este sentido, el interventor ha declarado que él, en su papel de fiscalizador de los pagos, tuvo que seguir el "principio de obediencia debida" y autorizar las entregas a la constructora, fundamentado también en la necesidad de "evitar el enriquecimiento injusto del Ayuntamiento", algo que se habría producido en caso de no afrontar la deuda contraída con la mercantil por unos trabajos ejecutados, fueran o no realizados conforme a la legalidad.
PAGO DE 1.100.000 EUROS SIN CERTIFICACIÓN
"El hecho de que finalmente se abonaran las obras no quiere decir que el proceso seguido fuera el correcto", ha apostillado el interventor municipal, que, al mismo tiempo, ha incidido en que nunca a lo largo de los quince años que lleva en la profesión había visto pagar facturas sin certificaciones de obra por importe de hasta 1.100.000 euros, como ocurrió en este caso, y ha resaltado que el desvío presupuestario entre el proyecto inicial y lo finalmente pagado se elevó al 121,77 por ciento.
"El expediente estaba viciado de nulidad desde el momento en que se superaron los límites del 20 por ciento. Había que haber efectuado modificados, aprobarlos en pleno...pero se siguió adelante improvisando proyectos de ejecución, sin paralizarlo en momento alguno para poder acceder así a las subvenciones de la Diputación provincial", ha resumido José Antonio L.S. a preguntas de la fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ana Valle, y del letrado del Consistorio iscariense, en su papel de acusador particular.
El declarante también ha apostillado que el entonces director de obra y arquitecto municipal, el acusado José Luis Pérez, es el que debería de haber adevertido de la necesidad de realizar nuevos modificados del proyecto primitivo para ajustarse así a la legalidad, algo que sí se había hecho únicamente en 2007 con la ejecución de las barreras y contrabarreras del centro por importe de más de 400.000 euros.
En la misma línea, aunque de forma menos , se ha pronunciado el secretario municipal, Fernando R.C, autor también de varios informes de "disconformidad" desoídos por los acusados en los que, al igual que el anterior técnico, ya advertía de que el procedimiento de contratación de las distintas obras debía ser distinto al seguido.
"Se había pagado más dinero de lo previsto y había que haberlo licitado porque se había modificado sustancialmente el contrato inicial", ha incidido en varias ocasiones el secretario municipal, que también ha justificado el pago final de las obras para evitar el "enriquecimiento injusto del Ayuntamiento".
La jornada, además del asesor jurídico externo, José Luis A, quien ha alegado que no intervino en la tramitación administrativa del proyecto, ha contado también con el testimonio del jefe de obra de la empresa que ejecutó los trabajos, Óscar Antonio R, quien ha reconocido que el alcalde y el edil de Urbanismo les encargaron obras no proyectadas, como una gradería en vuelo, toriles, enfermería, carpintería exterior.
También ha asegurado que el director de la obra y arquitecto municipal nunca les informó de que estaban excediendo el proyecto inicial porque si la propiedad--el Ayuntamiento y el alcalde--decía que lo hicieran, lo hacían y luego se ponían de acuerdo con el precio, al tiempo que ha indicado que la decisión de cambiar los ladrillos de la fachada de caravista a mudéjar, mucho más caros, la tomó en exclusiva el alcalde tras elegir entre seis modelos distintos y que el precio final de la obras, 5.150.000 euros, se pactó antes de concluir los trabajos y no estaban en correlación con mediciones concretas.
El próximo viernes continúa el juicio con el informe de un funcionario de la Intervención General del Estado.
Fiscalía de Valladolid solicita, con carácter provisional, diez años de inhabilitación para el exalcalde de Íscar, Alejandro García Sanz, y el que fuera edil de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el arquitecto municipal, José Luis Pérez Frutos, los dos primeros como autores de un delito de prevaricación y el tercero como cooperador necesario.
Por ello, la acusación pública solicita a los dos primeros investigados inhabilitación por una década para desempeño de empleo o cargo público relacionado con la administración local y al técnico municipal idéntica pena pero para empleo o cargo relacionado con la vivienda, obras y urbanismo.
Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad considera autores del delito de prevaricación no sólo al exalcalde y el exedil sino también al arquitecto municipal y les pide también diez años de inhabilitación.
En concepto de responsabilidad civil, la acusación particular interesa también que los investigados, como responsables directos, indemnicen al Ayuntamiento con la cantidad de 2.056.650 euros, más los intereses legales correspondientes.
