VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Comisiones Obreras e Izquierda Unida en Castilla y León han pedido este jueves la creación de una comisión en las Cortes nacidas de las próximas elecciones autonómicas del 24 de mayo en la que agentes sociales puedan sumarse a los representantes políticos para abordar la revisión del Estatuto de Autonomía.
Así lo ha puesto de manifiesto ante los medios de comunicación el secretario regional de Comisiones Obreras, Ángel Hernández, en la comparecencia que ha realizado junto al candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Junta, José Sarrión, momento en el que ha señalado que, dado que su propuesta de dar rango estatutario a la Red de Protección a las Personas y a las Familias precisa de una modificación estatutaria, este podría realizarse en el marco de una comisión creada en las nuevas Cortes en la que agentes sociales tengan voz para realizar la revisión.
"Iniciamos una nueva legislatura que ojalá sea rupturista desde lo económico y lo social con, al menos, estos últimos cuatro años", ha enfatizado Hernández, quien a continuación ha afirmado que el nuevo marco legislativo creado en los últimos tiempos y vinculado a distintas áreas, no solo la social, precisaría de una "reflexión inicial" por parte del próximo parlamento.
En ese foro tendrían que tomar parte las organizaciones sociales con el fin de situar qué elementos del Estatuto deberían de revisarse en función de las propuestas realizadas en los últimos tiempos y "con qué ritmos", según Hernández, quien ha señalado que habría que hacerlo de forma "abierta y participativa".
En este mismo sentido, Sarrión ha precisado que el Estatuto debe de recoger derechos subjetivos de la ciudadanía y ser garantista, como ocurriría en el caso de la Red de Protección a las Personas y a las Familias, cuya consideración estatutaria sería "razonable y urgente".
El candidato de IU a la Presidencia de la Junta ha trasladado, además, su coincidencia con Comisiones Obreras en el tema de la creación de una Renta Específica para Vivienda que no esté condicionada a la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía, así como la necesidad de pasar de un modelo de propiedad al de alquiler con la dotación de un parque de viviendas.
Otras cuestiones en las que ambas organizaciones están de acuerdo tienen que ver con la reforma del modelo productivo de Castilla y León y de España, país que está obligado a ser importador y que podría dejar de serlo con el impulso a la I+D+i, a la que se destinaría una inversión del tres por ciento en un horizonte más amplio, o el fomento del flujo de crédito a pequeñas y medianas empresas para dinamizar su actividad.
A ellos ha sumado la investigación sobre sectores importantes no deslocalizables como el vinculado a la actividad en montes y bosques, el turismo o la enseñanza del español.
Asimismo, ha abogado por la derogación de la Reforma Laboral, que a su juicio no crea riqueza ni es el origen de la cuestión del modelo productivo, así como por el impulso a la negociación colectiva ya que, ha puntualizado, hay mucha gente que no está amparada por ningún convenio.
