VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, ve "positivo" que haya un acuerdo que mejore la financiación autonómica y ha destacado la importancia de que la Junta plantee aquellas cuestiones en las que no esté de acuerdo para negociar un modelo que sea "mejor para todos".
Lo ha hecho en declaraciones a los medios antes de la celebración del acto por la Unidad de la Izquierda Transformadora en Valladolid, donde ha hecho énfasis en que el modelo que plantea el PSOE prevé 271 millones más al año para la Comunidad, lo que permitiría financiar determinadas políticas que resultan "muy relevantes" para el funcionamiento de los servicios públicos en la Comunidad.
No obstante, ha reconocido que el problema de la negociación del Partido Socialista es una negociación con Esquerra Republicana en la que a IU le "habría gustado participar" y eso no ha sido posible.
Sin embargo, ha señalado que el planteamiento "no es que España se destruye", puesto que el PP también ha gobernado y ha sido "incapaz" de modificar el sistema de financiación autonómica, "probablemente porque también cuando gobernaban los 'populares' se tenía en cuenta lo que decía Cataluña en ese sentido".
"A nosotros nos parece mejor que las comunidades estén dentro del proceso autonómico con el resto de autonomías y no que tengan su propio sistema de financiación", ha expresado, si bien ha aseverado que otra cosa es "plantear que siempre todo está mal lo que hacen los otros sin poner el acento en cuál es la propuesta que tiene la Junta con respecto a cuál es la financiación autonómica que tiene que tener la Comunidad".
Por todo ello, el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León ha asegurado que es "positivo" que haya un acuerdo que mejore la financiación autonómica y si hay cosas en las que no se está de acuerdo hay que poner el foco en las mismas para negociar un sistema que sea mejor para todos.
Precisamente, ha hecho énfasis en el hecho de que si no se implementa este nuevo modelo se utilizará el anterior, de manera que Castilla y León tendrá 271 millones menos para poder financiar determinadas políticas que resultan "muy relevantes" para el funcionamiento de los servicios públicos en la Comunidad.