El fiscal pidió para él tres años de cárcel, seis meses menos de lo que pedía, al aplicarle la atenuante de drogadicción
VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal rebajó de tres años y medio de cárcel a tres y el pago de una multa de 2.000 euros la petición de pena para el joven R.C.L, detenido en febrero de 2007 en Tordesillas (Valladolid) en posesión de distintas cantidades de cocaína y hachís, al aplicarle la atenuante de drogadicción y entender que ello le llevó a traficar para sufragarse así su adicción.
El acusado, quien fue interceptado en un control de la Guardia Civil a la altura del kilómetro 179 de la Autovía A-6 cuando portaba 21,80 gramos de cocaína y 1,27 de hachís, negó dedicarse al tráfico de sustancias, explicó que el día de autos había comprado la mercancía en Rueda tras desembolsar 700 euros y precisó que la misma era para su propio consumo, dada su drogodependencia desde los 16 años.
Respecto de la gran cantidad de 'coca' que llevaba, el procesado, en declaraciones recogidas por Europa Press, indicó que consumía entre un gramo y medio gramo diario y algo más los fines de semana y alegó que comprar en grandes cantidades "te sale más barato", amén de que a la semana siguiente se iniciaban las fiestas de Carnaval y prefería tener cubiertas sus necesidades. "Estoy arrepentido de ser consumidor, yo no me esperaba esto, y menos el susto que he dado a mis padres", lamentó el joven en un intento por obtener la benevolencia de la Sala.
Pese a ello y la petición absolutoria de su abogada, el representante de la acusación pública mantuvo los cargos por delito de tráfico de drogas, si bien rebajó a tres años la pena finalmente solicitada--inicialmente pedía tres y medio--al aplicar al procesado la atenuante de drogadicción. "La actividad realizada viene motivada por la necesidad de sufragarse la sustancia de la que él mismo era consumidor, con una antigüedad de seis años, y de la que se encuentra en proceso de deshabituación desde marzo de 2008", indicó el fiscal.
La cantidad de 'cocaína' incautada al joven, cuyo acopio "casi cuatriplica" los cinco días de ingesta diaria que el Tribunal Supremo establece como límite del autoconsumo, así como el elevado coste que supondría sufragar una adicción como la apuntada por el procesado, "por encima de los 1.000 euros mensuales que éste percibía en su trabajo", fueron los principales argumentos del fiscal para mantener que R.C.L. vendía a terceras personas.
