VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León ha abierto expediente sancionador en la última semana a 65 pesonas por participar en seis fiestas que se celebraron incumpliendo las medidas sanitaris frente a la COVID-19 en las provincias de Ávila, Palencia y Zamora, con sanciones que rondan en total los 150.000 euros.
En concreto, las fiestas ilegales, que fueron denunciadas por parte de efectivos de la Guardia Civil, tuvieron lugar en una nave del polígono industrial de Guardo (Palencia), en un local de la calle Alberca en Moraleja del Vino (Zamora) y en una nave situada a las afueras de la localidad de Santo Tomé de Zabarcos (Ávila).
Asimismo, también tuvieron lugar en diversas viviendas abulenses, concretamente ubicadas en la calle de la Ermita de la localidad de Sotillo de la Adrada, en la calle Piedrahita de Zapardiel de la Cañada y en la avenida de Derechos Humanos de Ávila, esta última denunciada por la Policía Local de Ávila, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.
Estos expedientes sancionadores se suman a los que ya se han tramitado desde la entrada en vigor de la medida sanitaria que prohíbe la celebración de este tipo de eventos sin autorización. Por el momento son 120 las personas sancionadas en Castilla y León por la participación en fiestas ilegales y la cuantía total de las sanciones se acerca a los 430.000 euros.
Las infracciones más recurrentes son falta de autorización, el superar el número máximo de personas permitidas en espacios privados, incluidos los domicilios, no usar mascarillas y el negarse a suministrar información a los agentes de la autoridad.
La instrucción de los expedientes sancionadores corresponde a la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que recuerda que la sanción mínima por la celebración de una fiesta o evento que supere el número máximo de personas permitidas, con carácter general, es de 600 euros, si bien dicha cuantía puede ascender a importes comprendidos entre los 30.001 y los 60.000 euros si son más de 15 las personas que participan de la fiesta ilegal o entre 60.001 y 600.000 si son más de 150 los participantes.
Las autoridades sanitarias han advertido de manera reiterada que las reuniones sociales constituyen un importante foco de propagación de la enfermedad, recomendando la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y limitándose, actualmente, la permanencia de personas en espacios privados en un máximo de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes.
