VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico, ha condicionado la concesión de ayudas para el nuevo camping municipal Pedro Ponce de Sahagún (León) a que el consistorio obtenga previamente las autorizaciones e informes preceptivos correspondientes.
Así lo ha trasladado en su respuesta parlamentaria, en el Pleno de las Cortes iniciado esta tarde, a una pregunta formulada por la procuradora del Grupo Mixto en representación de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Rosa María Quintanilla, en la que Díaz Pico ha recordado que para optar a la financiación pública autonómica es imprescindible cumplir con la normativa urbanística y sectorial vigente.
El consejero del ramo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que la competencia de su departamento es velar por el cumplimiento de la reglamentación turística y ha señalado que el Decreto 9/2017 fija que los campings únicamente pueden asentarse en suelos autorizables, excluyendo áreas amenazadas por riesgos o servidumbres públicas.
Además, ha subrayado que la ubicación actual incumple estos preceptos y ha argumentado que, una vez que el Ayuntamiento cuente con los dictámenes favorables de órganos como Urbanismo, Medio Ambiente o la Confederación Hidrográfica del Duero, será el momento de abordar posibles líneas de subvención.
En este contexto, el titular de Turismo ha recordado que el Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado recientemente la convocatoria de 2026 de ayudas a infraestructuras turísticas para municipios de menos de 100.000 habitantes, dotada con 1,5 millones de euros para una veintena de localidades, sin que le consta que el municipio leonés haya presentado solicitud alguna en este ejercicio ni en convocatorias precedentes, al tiempo que ha defendido que los recursos se canalizan a través de los procedimientos formales y "no mediante ".
Por su parte, la procuradora de la formación leonesista Rosa María Quintanilla ha reclamado al Gobierno autonómico que ejecute la construcción de un nuevo recinto anunciada en el año 2020 para solventar el cierre de las instalaciones originales, clausuradas tras revocarse su registro por problemas de inundabilidad.
La parlamentaria ha denunciado que, tras varias ampliaciones autorizadas desde su apertura en 1986, la resolución administrativa de 2015 y la posterior sanción de 65.000 euros en 2019 supusieron un grave perjuicio económico para la localidad y su comarca.
Ante este escenario, Quintanilla ha propuesto al Ejecutivo regional dos alternativas de actuación: materializar la edificación del nuevo recinto en una ubicación que cumpla las exigencias legales o modificar el decreto autonómico vigente para introducir el criterio de estacionalidad, fórmula ya adoptada en comunidades limítrofes como Asturias, Cantabria, Galicia o el País Vasco.
