La Junta defiende la unidad de archivos sin perjuicio de que historiadores estudien documentos como el que pide Asturias

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha defendido como principio general la unidad de los archivos y, concretamente el Militar de Ávila, sin perjuicio de que los historiadores y científicos puedan estudiar los legajos que en ellos se encuentren como el documento que ha manifestado Asturias que pedirá al centro documental abulense.

Así se ha expresado ante el anuncio del Gobierno del Principado de Asturias de dirigirse al Archivo General Militar de Ávila para reclamar los documentos de un proyecto de estatuto de autonomía de Asturias titulado 'Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León' y habría sido escrito en Gijón por republicanos poco después del inicio de la Guerra Civil.

A este respecto, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que el Ejecutivo, "con carácter general", defiende el principio de la unidad de los archivos.

Aunque ha aclarado que desconoce "en profundidad" todos los bienes que están en el Archivo General Militar de Ávila, ha defendido su unidad y cree que si se quiere facilitar a los investigadores su trabajo y la protección de estos documentos es mejor que "estén unificados en un único ámbito como ha ocurrido hasta ahora".

Carriedo ha destacado el "buen número" de patrimonio documental de diferente naturaleza que tiene Castilla y León, tanto del siglo pasado como vinculado a la Guerra Civil, con un centro documental ligado esta época, así como de otras épocas históricas.

ELEMENTO "HISTÓRICO"

En cuanto al contenido del documento y el planteamiento en él recogido para un estatuto de autonomía que incluyera Asturias y León, el portavoz de la Junta ha incidido en que cualquier elemento histórico sirve "para la valoración científica" y de los historiadores, que "tienen ahí un documento para poderlo estudiar".

Sin embargo, ha aclarado que las administraciones públicas se rigen siempre por la legislación vigente y, en este caso, ha apuntado que es la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León que se ha desarrollado en la democracia desde que en el año 1978 se aprobó la Carta Magna y se dio lugar al régimen el Estado de las Autonomías actual.

Fernández Carriedo ha matizado que "el título octavo es el que es de aplicación", sin perjuicio de que los historiadores y los investigadores tengan la posibilidad de realizar sus estudios y sus trabajos".

"Podemos estar orgullosos del recorrido que ha hecho Castilla y León en este período democrático desde el año 1978 en el estado social y de derecho, en la monarquía parlamentaria y en este estado de las autonomías, mejorando las circunstancias y condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos de la comunidad autónoma", ha agregado.