La Junta lleva a la Fiscalía del Estado las obras de movimiento de tierras de la cárcel de Soria

SORIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León remitió el expediente sobre las obras de movimiento de tierras que se realizaron hasta la pasada semana en el paraje la Laguna, en la pedanía soriana de Las Casas, donde se ubicará la prisión, a la Fiscalía General del Estado dado que se produjo una tala de 400 robles y las obras continuaron adelante pese a no contar con la declaración de impacto ambiental, que estaba pendiente.

Así lo confirmó hoy el delegado territorial de la Junta, Carlos de la Casa, quien remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado después de haber ordenado el cese de las obras tras la mencionada tala y de que las obras no se paralizaran horas después de la comunicación que realizó.

La Junta considera que no pueden realizarse obras mientras no se elabore un estudio ambiental que el subdelegado del Gobierno, Vicente Ripa, confirmó que se produciría aunque no hubo confirmación oficial por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

La empresa, a instancias de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias (SIEP), decidió esta semana no retomar las obras, y ahora, la sociedad dependiente de Instituciones Penitenciarias, sondea si la Junta tiene competencias para paralizar los trabajos, para lo que también ha encargado un informe a la Fiscalía.

Mientras el senador socialista Félix Lavilla, defensor del proyecto de la futura cárcel, que contará con 723 celdas y una inversión de 90 millones de euros, lamentó la decisión de la Junta y consideró que existen "distintas varas de medir en otras actuaciones" mientras que colectivos como la organización ecologista Asden lo celebra ya que, según su portavoz, Carlos González, "aquello no eran unas podas sino directamente la tala de árboles".

Por su parte el alcalde, Carlos Martínez, aclaró que el Consistorio no tiene competencias aunque será el Ministerio el que decida sobre la necesidad o no de la mencionada declaración, que no fue necesaria en poblaciones como Pamplona o Nanclares de Oca por lo que fue recurrida por Ayuntamiento de la capital navarra y por la Diputación de Álava.