Junta pide dictamen al Consejo Consultivo sobre la Ley de Publicidad Institucional tras plantear 24 preguntas jurídicas

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha solicitado un dictamen al Consejo Consultivo sobre la nueva Ley de Publicidad Institucional para garantizar su correcta aplicación "ante su falta de claridad normativa" y sus posibles contradicciones con leyes estatales superiores.

La solicitud remitida al Consejo Consultivo de Castilla y León plantea un conjunto de 24 preguntas sobre cuestiones jurídicas "de especial relevancia" derivadas de la reciente reforma de la Ley de Publicidad Institucional.

Así, el Gobierno regional ha identificado "una posible colisión" entre el nuevo texto y la Ley de Contratos del Sector Público en aspectos *comoson la libre concurrencia, la igualdad de trato entre licitadores, o la prohibición expresa, por parte de dicha ley, "del uso de criterios de arraigo territorial".

Otra de las cuestiones planteadas se refiere a la contratación con medios de comunicación, con un máximo del 33 por ciento del importe neto de la cifra anual de negocio de una empresa ya que la Junta estima que esta medida "podría tener un efecto discriminatorio", al restringir el acceso de medios de menor tamaño o de implantación local a las campañas institucionales, "y comprometer así el principio de igualdad de oportunidades".

Asimismo, se plantea una cuestión sobre las prohibiciones recogida en la ley para contratar con determinados medios de comunicación, "basadas en antecedentes judiciales", y que podrían exceder el marco establecido por la legislación básica estatal, según considera el Gobierno regional, que además de que tiene dudas sobre las consecuencias jurídicas que tendría la aplicación del procedimiento previsto en la ley para suspender o modificar campañas publicitarias en curso.

Otro aspecto de "complejidad" se refiere a la creación del nuevo Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre que establece la ley, que tendrá funciones presupuestarias y de gestión propias de una televisión pública autonómica, "que en la actualidad no existe en la Comunidad de Castilla y León", como ha apuntado la Junta.

El objetivo de la Junta con esta solicitud al Consultivo es "garantizar una aplicación rigurosa, coherente y respetuosa con el ordenamiento jurídico", tanto en lo que respecta a la contratación pública como a los derechos fundamentales de empresas y ciudadanos.