La Junta rechaza también las acusaciones de Transportes y espera informe de la DGT para evaluar los desvíos de la A-11

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha rechazado también las acusaciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante las objeciones al desvío por dos carreteras de titularidad autonómica y provincial para enlazar con el nuevo tramo de 31 kilómetros de la A-11 que se pretende abrir a finales de julio y ha señalado que está a la espera de que la entidad ministerial le traslade por escrito un informe de la Dirección General de Tráfico para evaluar la incidencia que tendría en las vías autonómicas la apertura de este tramo.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial ha respondido al comunicado del Ministerio de Transportes, dirigido por el vallisoletano Óscar Puente, para rechazar "las acusaciones realizadas" y afirman que no existe "información oficial" de la fecha prevista de la apertura de los tramos de la A-11 en la provincia de Valladolid "ni de las condiciones técnicas y administrativas necesarias para su puesta en servicio".

Cabe apuntar que en su comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible apuntaba que el tramo, de 31 kilómetros de longitud se podría abrir al tráfico el próximo 27 de julio.

La Junta manifiesta su "sorpresa" por que el Ministerio "haya optado por realizar acusaciones públicas sin haber mantenido previamente la necesaria coordinación institucional entre administraciones, especialmente en una actuación de esta relevancia para la seguridad vial y la movilidad de los ciudadanos".

Asimismo, han recordado que la obra de la A-11 "realmente no está concluida" pues precisan que para poder enlazar el nuevo tramo con la N-122 en Quintanilla de Arriba precisaría que estuviera finalizada una estructura sobre el Río Duero, "que no está completada".

La Junta de Castilla y León ha defendido que "siempre ha mostrado disposición a colaborar con el Ministerio de Transportes para facilitar la puesta en servicio de las infraestructuras estatales", dentro del "marco de sus respectivas competencias y con pleno respeto a los procedimientos administrativos y a las garantías técnicas exigibles".

Las mismas fuentes autonómicas han aludido a una reunión el viernes pasado con técnicos de las tres administraciones, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y la directora general de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León.

En ese encuentro, explican, los técnicos de la Administración central expusieron la necesidad de utilizar de manera provisional las carreteras locales y regionales afectadas, lo que incrementaría notablemente el tráfico en estas vías. Por su parte, la Junta de Castilla y León expresó "gran inquietud por la peligrosidad del incremento abrumador de tráfico que debería circular por un tramo de carretera cuya estructura sobre el Duero" y cuyo firme "no está diseñado para la intensidad de tráfico a la que van a ser sometidos y cuyas intersecciones no cumplen la normativa de trazado para esas nuevas condiciones".

Desde el punto de vista de la seguridad vial, la Junta considera "delicada" la propuesta del Ministerio y han reflexionado que "puede que reduzca accidentes en la N-122" pero temen que "los trasladará, incrementados, a las carreteras de la Diputación y de la Junta de Castilla y León", al modificar la capacidad estructural de esas infraestructuras.

Por ello, se solicitó al Ministerio que realizaran una petición formal por escrito que incluyera las medidas que pretendían plantear para solucionar la problemática expuesta, con la mejor voluntad de analizar la documentación y sus propuestas, y contestar oportunamente, en aras del beneficio público.

En la mañana de este miércoles ha habido una nueva reunión entre técnicos de las administraciones implicadas y en ella, como ha mencionado ya la Diputación provincial, se ha informado que el Ministerio estudia "un nuevo planteamiento".

La Consejería defiende, asimismo, que en esa reunión "se ha puesto de manifiesto que no existía ningún informe de la DGT", algo que ha defendido el Ministerio en su comunicado, por lo que la Junta ha solicitado que se le haga llegar "formalmente y por escrito" dicho documento, "junto con la propuesta definitiva y las medidas correctoras".

Esa propuesta, que la Junta no detalla, implicaría entre otras cosas restringir el paso de vehículos pesados por el nuevo tramo de la A-11 y, por lo tanto, por las carreteras de titularidad provincial y autonómica.

INCREMENTO NOTABLE DEL NÚMERO DE VEHÍCULOS

La carretera VA-101, una de las que recibiría el tráfico desviado, tiene una Intensidad Media Diaria (IMD) de unos 1.800 vehículos, de los cuales unos 200 son pesados, y se prevé que se incrementen hasta los 4.800 ligeros y los 400 pesados. Tanto el firme como el trazado de la carretera y sus intersecciones no están diseñados para asumir ese nuevo volumen de tráfico.

El tramo que se utilizaría, según la Junta, transcurre a lo largo de 6,5 kilómetros, y da continuidad a otro previo, en la VP-3001, de 8,6 kilómetros, de titularidad de la Diputación Provincial de Valladolid.

La estructura que cruza el Duero en Peñafiel, han añadido, "está muy comprometida y por ella circulan en la actualidad peatones y ciclistas (usuarios vulnerables)", a lo que han sumado los 26 accesos directos a la carretera y que "en la época de vendimia circulan gran cantidad de tractores"; así como la estrecha travesía de Pesquera.

La Junta ha defendido su "voluntad de colaboración institucional para que la A-11 pueda entrar en funcionamiento cuanto antes, siempre garantizando la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de la normativa vigente".

La Comunidad de Castilla y León considera que "una infraestructura tan esperada por los ciudadanos merece la máxima lealtad institucional y coordinación entre administraciones, alejándose de la confrontación política y priorizando el interés general".

En este sentido, han recalcado que "cualquier actuación que afecte a carreteras de titularidad autonómica requiere la correspondiente tramitación, el intercambio de la documentación técnica necesaria y la comunicación formal por escrito entre las administraciones implicadas, circunstancias que, hasta la fecha, no se han producido".