VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS9
Las Cortes de Castilla y León han aprobado la Ley de Medidas Tributarias para 2016, que supone la eliminación del 'céntimo sanitario' y una rebaja del IRPF, tras la incorporación de cinco enmiendas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el marco del cumplimiento del acuerdo alcanzado entre la formación naranja y el PP para sacar adelante los Presupuestos Generales de la Comunidad.
En concreto, el PP ha apoyado las enmiendas del grupo naranja, la primera de ellas relativa al impuesto de sucesiones para elevar el mínimo exento hasta los 250.000 euros con efectos a partir del segundo semestre del año 2016, de forma que se incrementa esta cuantía desde los 175.000 actuales (ya el PP mediante otra enmienda lo había elevado hasta 200.000 para el próximo ejercicio) - .
Una segunda enmienda es la relativa al apoyo a los emprendedores de base tecnológica que se instalen en parques tecnológicos propiedad de la Junta de Castilla y León, a los que se bonificará el 100, 50 y 25 por ciento del alquiler en los primeros tres años, respectivamente, algo que el PP considera una propuesta "razonable" y "lógica" para que se puedan establecer en el mercado y con la que se favorece la incentivación, la llegada de base tecnológica y la puesta a disposición de suelo industrial de estos parques, ha explicado el procurador 'popular' Salvador Cruz.
Otra de las enmiendas supondrá la puesta en marcha de un programa de dinamización para las zonas con desafíos demográficos que acoge, entre otras cosas, incentivos a las empresas que se ubiquen en dichas zonas y prioridad en la concesión de subvenciones, ayudas, préstamos y avales para dichas empresas por parte de la Administración de la Comunidad. El PP ha destacado la posibilidad que supone para zonas como las de Soria o el oeste de la Comunidad donde hay especiales zonas despobladas y el encaje que la medida tiene también para el apoyo al sector agroalimentario, que "funciona positivamente".
De la misma forma, el PP ha aceptado otra enmienda para elaborar un plan de dinamización 2016-2020 en los municipios mineros que deberá contemplar inversiones y otras actuaciones por un importe mínimo anual de cinco millones de euros. A este respecto, Salvador Cruz ha garantizado el apoyo incuestionable a estas zonas y el "esfuerzo" que realiza la Junta dentro de sus limitaciones presupuestarias en toda la problemática referida al sector minero.
A este respecto, el procurador de C's Manuel Mitadiel ha advertido de que no se puede transformar en "otro Miner", sino complementar lo existente con fondos propios y no, como en otras ocasiones, realizar la actividad que tenía que hacer la Junta y se cargaba a aquel plan para las cuencas mineras.
Además, ha señalado que los cinco millones de inversión mínima anual que se propone es "una gota de agua en el océano", por lo que cree que las medidas tienen que ser "eficaces" y dirigidas a la creación de empleo, con "consenso" con los agentes sociales y económicos y los ayuntamientos de los municipios afectados, que son los que conocen estas zonas.
En su intervención, el procurador del PP Salvador Cruz ha expresado la facilidad de llegar a acuerdos cuando hay "voluntad" y posiciones "no muy diferenciadas" frente a las "extremistas" con las que es "difícil" llegar a acordar estas cuestiones.
Las otras tres enmiendas del Grupo de Ciudadanos que han sido rechazadas comprendían modificaciones en la Ley de Hacienda relativas al régimen presupuestario y contable del Consejo de la Juventud; modificaciones en la Ley de Patrimonio para la gestión del mismo por parte de la Junta; y la regulación del estatuto del alto cargo para evitar "puertas giratorias", como ha defendido Mitadiel, aunque Salvador Cruz ha recordado que hay un compromiso del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para tramitar una ley que se presentará en el próximo ejercicio, momento hasta el cual se ha regulado temporalmente mediante un código ético aprobado por la Junta.
PACTO "CLANDESTINO"
Por su parte, el Grupo Socialista ha presentado un total de 72 enmiendas "a sabiendas" de que no sería aprobada ninguna a resultas de lo que el procurador José Francisco Martín ha calificado de "pacto clandestino" firmado entre PP y C's (que ha definido como "la derecha" y la "derecha de la derecha") y del que ha asegurado que no se conoce "el texto", pero que están seguros de que tiene entre sus cláusulas "no aprobar ninguna enmienda del PSOE".
Martín ha defendido estas enmiendas, que ha agrupado en tres bloques referidos a la reforma fiscal que plantea, las medidas de lucha contra la corrupción y a favor del incremento de la transparencia en la labor pública de la Comunidad y otras específicas "que no son más que recordatorios de compromisos de Herrera que no ha cumplido"
Así, las primeras iban encaminadas a "que pague más el que más tiene, el que más gana y el que más hereda", con otro tipo de gravámenes en el IRPF, la bajada del máximo exento en el impuesto de sucesiones, eliminar bonificaciones en el impuesto sobre el juego o establecer impuestos a los grandes establecimientos comerciales así como uno de tipo medioambiental que grave a la Central Nuclear de Garoña, las centrales térmicas excepto las que usen carbón autóctono y del que excluiría a las renovables.
Entre las medidas contra la corrupción política y el incremento de la transparencia proponía que las empresas que ofrecen servicios públicos se guíen por las mismas bases que la Administración, publicidad de todas las contrataciones, la creación de una oficina anticorrupción o de un instituto financiero público con una primera función de realizar una auditoría de los "chiringuitos" que ha habido en Castilla y León.
A todo ello ha añadido la reclamación de impuestos perdidos por "la amnistía fiscal de Montoro" o el establecimiento de un suelo de gasto social "de verdad", con una inversión vinculada al Producto Interior Bruto.
Todo ello supone una posición "antagónica" con la del PP, ha señalado el procurador Salvador Cruz, quien ha recordado que con las políticas de los 'populares' se mantienen 54 deducciones fiscales y una bajada del IRPF que supone devolver el esfuerzo de los ciudadanos durante la crisis, así como la supresión del denominado "céntimo sanitario" toda vez que se ha superado la situación económica adversa. A este respecto, José Francisco Martín ha criticado que el PP no votara a favor de su eliminación en las reiteradas ocasiones en las que lo ha solicitado, lo que ha supuesto perder 600 millones, precisamente lo que según sus cuentas se ha recortado en Sanidad.
Además, el procurador 'popular' ha criticado que el PSOE sólo se refiriera a una veintena del total de las enmiendas presentadas dado que el resto son cuestiones que el PP ya ha cumplido, de manera que ha criticado una política fiscal "que no es coherente" del PSOE la de los 'populares', en cuyo "ADN" se encuentra rebajar los impuestos.
De la misma forma, el PP ha rechazado las 14 enmiendas presentadas por José Sarrión, que ha defendido como planteamiento de una reforma de la fiscalidad para que ésta sea "progresiva", con una redistribución de ingresos y la financiación de políticas sociales.
Para ello, entre otras cuestiones, ha planteado tramos de IRPF diferentes, con un incremento progresivo a las rentas más altas, la eliminación de deducciones, que a su juicio sobre todo beneficia a quien más tiene, al igual que las exenciones en el impuesto de sucesiones, que a su juicio es "incomprensible" porque debería gravar igual que se hace con el trabajo.
