Pactan penas cinco de los siete detenidos por un taller clandestino de armas en Laguna

Actualizado 05/09/2019 12:50:41 CET
Trib.- El policía acusado de mentir sobre la carga ante La Parrilla de San Lorenzo será juzgado el 4 de noviembre
Trib.- El policía acusado de mentir sobre la carga ante La Parrilla de San Lorenzo será juzgado el 4 de noviembre - EUROPA PRESS. - Archivo

Se intervino más de un centenar de armas, incluidas algunas de guerra, así como 5.500 cartuchos y 2,3 kilos de pólvora

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid reinicia el curso judicial, tras el parón estival, con el juicio el próximo martes contra siete personas como consecuencia de la operación que la Guardia Civil desarrolló en 2014 para el desmantelamiento en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero de un taller clandestino de fabricación de armas que vendía a través de Internet, dentro de la denominada Operación Bulldog.

Aunque el juicio está previsto que, inicialmente, se prolongue hasta el jueves, no se descarta que pueda quedar concluido el primer día, ya que cinco de los siete encausados, Francisco Javier G.B, su hijo Pablo G.B, ambos vecinos de Laguna; Alberto B.R. José Ramón D.V. y Óscar E.H, detenidos en su día en Granada, Ourense y Bermeo (Vizcaya), respectivamente, ya han pactado su condena, a la baja, con la Fiscalía de Valladolid, mientras se mantiene la incógnita sobre si seguirán este mismo camino los otros dos restantes, Fernando P.B. y Néstor A.C, detenidos en Málaga y Valencia, respectivamente, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su calificación inicial, la acusación pública solicitaba la mayor de las penas, siete años de cárcel, para Fernando P.B, uno de los dos procesados que aún no ha pactado la condena, seguido de los tres años y diez meses pedidos para Alberto B.R. y Óscar E.H. Para Javier G.B, Pablo G.B. y José Ramón D.V. interesaba dos años y diez meses de prisión, así como un año y diez meses para Néstor A.C, otro de los acusados que mantiene la incógnita sobre si mantendrá su inocencia o se conformará con una pena inferior.

Además, para todos ellos la acusación pública pedía la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior en tres años a la pena de prisión impuesta, y en el caso de Alberto B.R, quien regentaba una armería en una localidad granadina, interesaba la inhabilitación especial para el ejercicio de su industria o comercio por espacio de quince años.

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