PGC.- La Consejería de Familia compromete casi 20 millones de euros en 2023 para nuevas ayudas a la natalidad.

   VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha destacado en las Cortes de Castilla y León los recursos destinados por su área al apoyo a las familias, tanto a las que tienen pocos recursos, como al apoyo a la natalidad, para lo que ha comprometido casi 20 millones de euros en nuevas ayudas.

   En su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, Blanco ha subrayado que dentro de los presupuestos de la Consejería para 2023 uno de los tres pilares es precisamente el apoyo a las familias.

   Las cuantías destinadas a la promoción y apoyo a la familia son, según Blanco, "de las que más se incrementarán el próximo año", pues superan los 50,7 millones de euros, con 34,3 millones para facilitar la conciliación y la corresponsabilidad, lo que supone "duplicar la cifra prevista en el pasado presupuesto".

   El Plan Familias de Castilla y León, puesto en marcha el anterior año, incorpora 57 medidas, dirigido a las 300.000 familias con menores de 25 años, con una atención preferente al medio rural.

   En este campo tienen su encaje medidas como el programa 'Conciliamos' (1,8 millones de euros), el 'Bono Concilia' (11 millones), el programa 'Crecemos' (9 millones). También volverán a convocarse las ayudas para excedencia y reducción de jornada, con dos millones de euros, y se activarán las nuevas ayudas de apoyo a la natalidad, con casi 20 millones de euros, si bien la consejera no las ha detallado.

   En cuanto a la atención a la pobreza, las medidas se engloban en la "Red de Protección a las Familias", que contemplan 87 millones de euros, incluidos los 18 millones correspondientes a la Renta Garantizada de Ciudadanía, "que se ha visto reducida como consecuencia de su coexistencia con el Ingreso Mínimo Vital".

   Esa "red" atiende anualmente a más de 231.000 familias, e Isabel Blanco ha destacado el apoyo que se presta mediante ayudas de emergencia social; la ampliación de la ayuda económica para que las familias puedan pagar, mientras dure la situación de necesidad, la cuota hipotecaria y otros gastos específicos relacionados con la vivienda habitual; el refuerzo de los equipos de inclusión social.

   Además, se presupuestan 18 millones de euros para la Renta Garantizada de Ciudadanía, que coexistirá con el Ingreso Mínimo Vital y en la que la Junta compensará "la disminución de ingresos de las familias que percibían mayores importes por la renta" y manteniendo a las familias a las que se les ha denegado o inadmitido el ingreso mínimo, pero que, al ser perceptoras de la citada renta, se les mantiene esta prestación siempre que reúnan los requisitos para ello y lo soliciten.

   Blanco ha mencionado, igualmente, 145,6 millones de euros para las diferentes prestaciones económicas que se gestionan desde la Consejería de Familia, el Bono de Urgencia Social, el reparto ordinario de alimentos, los nuevos convenios firmados con Iberdrola, Naturgy y Endesa y Repsol en relación con la pobreza energética y el Bono Social Térmico.

   Para la coordinación e impulso de la política de integración de los extranjeros inmigrantes el presupuesto de la Junta cuenta en 2023 con 12,6 millones de euros.

   También se han destacado las actuaciones llevadas a cabo dirigidas a los refugiados ucranianos que han huido del conflicto bélico causado por la invasión rusa.

   Los presupuestos dedican 12,6 millones de euros a integración de inmigrantes, más otros 2,8 millones procedentes de dos subvenciones directas concedidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para convocar subvenciones directas a refugiados ucranianos y a compensar gastos en que hayan incurrido las Administraciones de Castilla y León para atender a estas personas desde la invasión rusa de Ucrania.

3.867 ALTAS DE PROTECCIÓN DE REFUGIADOS UCRANIANOS

   Según Blanco, el coste para atender en 2023 a los refugiados del país eslavo que se encuentran actualmente en la comunidad serían necesarios casi 9 millones de euros. Blanco ha señalado que se contabilizan 3.867 altas de protección temporal y 252 menores ucranianos se encuentran en guarda provisional.

   Sin embargo, ha advertido de que las dos subvenciones anunciadas por el Gobierno y publicadas en el BOE en agosto, todavía no se han abonado a la Junta de Castilla y León," lo que ha impedido convocar las ayudas y, previsiblemente, deberán sumarse al Presupuesto 2023 si no llegan en breve".