VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Valladolid juzgará entre los días 9 y 12 de noviembre a cuatro miembros de un clan de origen rumano asentado en Medina del Campo (Valladolid), para quienes la Fiscalía solicita penas de prisión que en su conjunto suman 45 años, de ellos 36 para el presunto cabecilla, Vasile C.U, siete para su cónyuge, Liliana G.U., y un año para cada uno de los otros dos procesados, Constantin U. y Gheorghe U., acusados de explotar laboralmente a compatriotas en tareas agrícolas en condiciones abusivas.
Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos salieron a la luz a raíz de una comparecencia en la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) en Madrid en noviembre de 2019, que destapó una red familiar que operaba desde finales de 2017 hasta el primer trimestre de 2020 y que captaba en Rumanía a personas con graves dificultades económicas y escasa instrucción con la promesa de empleo en España, para someterlas después a un régimen de servidumbre en Medina del Campo y municipios limítrofes.
La acusación pública sitúa a la cabeza del entramado a Vasile C.U., afincado en España desde 2003, quien tomaba todas las decisiones del proceso y coordinaba la captación directa en localidades desfavorecidas de su país natal. Las víctimas realizaban el trayecto en autocares de línea regular sufragados inicialmente por el propio investigado, pero, nada más llegar a territorio vallisoletano, eran conducidas a inmuebles de su propiedad o alquilados y se les notificaba que habían contraído una deuda por el viaje. Además, debían abonar entre 100 y 150 euros mensuales por el alojamiento.
JORNADAS DE SOL A SOL
En el desempeño de las labores agrarias, carecían de contrato y de alta en la Seguridad Social, desempeñaban jornadas de sol a sol que oscilaban entre las nueve y las doce horas diarias sin descansos semanales ni vacaciones retribuidas, y se les descontaban tres euros al día por el transporte en furgonetas hasta las fincas.
Aunque percibían una retribución teórica fijada en 5,50 euros por hora, el cabecilla retenía la práctica totalidad del salario bajo el concepto de manutención básica, pagos del combustible y amortización de deudas ficticias, lo que impedía a los afectados liberarse del control ejercido sobre ellos.
El Ministerio Fiscal atribuye al principal acusado cuatro delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral en concurso medial con delitos de imposición de condiciones ilegales a los trabajadores (por los que pide ocho años por cada uno de ellos), así como un delito continuado de blanqueo de capitales, por el que solicita tres años de cárcel y 300.000 euros de multa, y otro de pertenencia a grupo criminal penado con un año de privación de libertad.
Respecto a su esposa, el fiscal solicita tres años de prisión por imposición de condiciones ilegales, tres por blanqueo de capitales y uno por grupo criminal. Por su parte, para Constantin U. y Gheorghe U. la petición se concreta en un año de prisión por pertenencia a grupo criminal, al figurar encargados del control directo de las cuadrillas, la vigilancia de los tajos y el traslado diario de los temporeros desde gasolineras y puntos de encuentro en Medina del Campo.
En cuanto a un quinto implicado, Valentín G.U., la causa permanece sobreseída provisionalmente a la espera de que sea localizado por la Justicia. En concepto de responsabilidad civil, la acusación solicita indemnizaciones de 80.000 euros por daños morales para cada una de las víctimas identificadas en la causa, que incluyen casos de matrimonios desalojados cuando reclamaron las liquidaciones pendientes o de trabajadores hacinados en pisos con hasta 20 personas.
OCHENTA JORNALEROS A SU CARGO DE FORMA SIMULTÁNEA
Las pesquisas patrimoniales y las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente han acreditado que la red llegó a coordinar a más de 80 jornaleros simultáneamente en campañas del campo. Para dar cobertura a las ganancias y eludir inspecciones administrativas y de la Agencia Tributaria, los cabecillas utilizaron diversas empresas pantalla y mercantiles sin estructura real, como 'Servicios Agrícolas Liliana S.L.', recurriendo a testaferros y a trabajadores vulnerables a los que daban de alta como autónomos con engaños, generándoles importantes deudas ante la Tesorería General de la Seguridad Social.
A través de estas sociedades facturaban servicios a empresarios y bodegueros, apoderándose del dinero en cuanto era transferido a las cuentas bancarias. Los peritos policiales han estimado en 136.324,70 euros la cuantía mínima de origen ilícito blanqueada mediante microcréditos, compras a plazos de bienes y tarjetas de crédito, además de detectar envíos periódicos de remesas de fondos hacia Rumanía por importe superior a 28.000 euros.
Durante las entradas y registros practicados por los agentes en marzo de 2020 en Medina del Campo, concretamente en dos parcelas de la urbanización La Aceitera y en la calle Barrio Las Cañas, se intervinieron 20.100 euros en metálico, cuadernos con anotaciones de jornales, sellos mercantiles, talonarios, contratos de arrendamiento y diversa documentación bancaria y laboral.
Asimismo, la investigación judicial permitió incautar y bloquear una flota de vehículos de alta gama valorada en 160.376 euros que había sido adquirida con los beneficios de la explotación laboral, entre ellos modelos todoterreno de marcas como Ford, Volkswagen, BMW, Renault y Fiat.
