Consejeros de CyL, Aragón y Extremadura plantan al Gobierno en la sectorial de Infancia por su política migratoria

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, junto con sus homólogos en Aragón y Extremadura, Alejandro Nolasco y Óscar Fernández, todos de Vox, han decidido no asistir a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este martes con el fin de mostrar su rechazo a lo que han calificado como una "nueva imposición" del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados.

A través de un comunicado conjunto, los tres departamentos han criticado que el Ejecutivo central "ha vuelto a actuar de manera unilateral" mediante el establecimiento de unos criterios de distribución que consideran "arbitrarios, opacos y alejados de la realidad de los sistemas de protección de las comunidades autónomas".

Entre los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión figura la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros destinados a la atención de estos menores durante el año 2026. Para las consejerías de Vox, esta asignación de fondos "ha supuesto un nuevo intento de financiar la política migratoria del Gobierno de Sánchez", una estrategia que, a su juicio, "fomenta el efecto llamada y perjudica a un sistema que ya se encuentra al límite de su capacidad".

Asimismo, las tres delegaciones autonómicas han manifestado su rechazo hacia el nuevo Real Decreto con el que el Ejecutivo central pretende actualizar el "reparto obligatorio" de menores entre las regiones. Los representantes de Vox han considerado que esta norma responde "de forma exclusiva a criterios políticos y no a la capacidad real de acogida de cada territorio".

Por este motivo, han advertido de que los recursos de protección de Castilla y León, Aragón y Extremadura "están saturados" y han denunciado que "cualquier incremento impuesto por el Estado ha constituido una maniobra política de Pedro Sánchez".

Ante esta situación, las consejerías han anunciado que pondrán en marcha todos los medios jurídicos, administrativos e institucionales a su alcance para ejercer una "oposición frontal a la decisión unilateral de la administración central".

Finalmente, han insistido en que su objetivos es defender las competencias autonómicas y exigir una política migratoria basada en el control de las fronteras. Por último, han reiterado que no participarán en órganos "cuya única finalidad sea legitimar decisiones previamente adoptadas por el Gobierno de España".