Sáez Aguado reitera que las medidas "urgentes" en materia sanitaria ahorrarán unos 50 millones de euros en 2013
VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular ha convalidado en solitario la reordenación sanitaria de Castilla y León que, como ha reconocido el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, introduce medidas "imprescindibles" para dar viabilidad al servicio en los próximos años y que, según sus cálculos, supondrán un ahorro de unos 50 millones de euros en 2013.
Sáez Aguado ha explicado ante la Cámara el conjunto de medidas "urgentes" que se establecen en este Decreto Ley, una exposición en la que ha señalado que la situación de crisis lleva a no estancarse en actitudes "cómodas" ni en la "crítica fácil".
"No es el momento de mirar hacia otro lado y confiar en que los problemas se resuelvan por sí mismos", ha señalado el consejero, quien ha abogado por iniciar la "acción y la determinación" desde la defensa de una "sanidad pública".
Tras escuchar la intervención del consejero, el procurador 'popular' Jesús María Aguilar Santamaría ha argumentado su apoyo a la convalidación del Decreto Ley con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de control del déficit e incorporar al tiempo medidas que hagan el sistema sanitario "más eficiente".
Por su parte, la procuradora socialista Mercedes Martín ha ironizado sobre la idoneidad de que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, hubiera subido a la tribuna a convencer a la Cámara dado que el decreto no tiene finalidad sanitaria sino cumplir con el objetivo de déficit. "Veremos si el supuesto ahorro se destina a calidad".
En este sentido y tras lamentar que el decreto vaya "justo en dirección contraria de las necesidades de los enfermos" y que tenga como objetivo los "recortes", Martín ha reiterado la relación "directísima" del decreto defendido por Sáez Aguado con el plan económico-financiero 2012-2014 "que requería esta reordenación territorial y funcional" del sistema regional, que era "eficiente y de calidad".
Por ello la medida, "no consensuada con nadie", se justifica en la necesidad de cumplir con los compromisos económicos --"supeditan la economía a la salud"-- y, en ese caso, las circunstancias que concurren "de urgente necesidad" no son, a su juicio, "más que las de Cristóbal Montoro o Pilar del Olmo".
Tras aseverar que no mejorará la calidad --"se están frotando las manos los seguros privados"-- y sí empeorará la situación laboral de sus profesionales dado que las modificaciones pretenden usar los mismo recursos en varias zonas básicas de salud con lo que ello conlleva, Martín ha advertido de los "abusos" así como de la penalización que la medida conlleva para el medio rural.
"Era el mejor sistema de sanidad público", ha afirmado antes de apostar por el consenso "pero no a gope de Real Decreto" porque con las medidas anunciadas "se están llevando por delante el modelo de sanidad pública" que apoyaban todos los ciudadanos y, además, se despretigia tanto a los usuarios como a los profesionales sanitarios, que eran "los mejores del mundo".
Por su parte el 'popular' Jesús María Aguilar ha asegurado que quieren seguir manteniendo el modelo y la calidad sanitaria, "sin duda que sea pública y universal", aunque ello precisa también de medidas y ha acusado al PSOE de no aceptar ninguna de las medidas. "Ninguna les parece bien", ha criticado, a lo que Martín le ha dicho que es lo que ha hecho el PP en toda la sesión.
Aguilar, quien ha recordado que hay comunidades que están tomado medidas similares "o más severas", ha pedido a Martín su opinión por el contenido del decreto y le ha explicado que se avanza hacia un sistema público más sostenible y adecuado para favorecer el crecimiento económico.
En su segundo turno de palabra, Mercedes Martín ha reiterado que el Decreto no tiene en cuenta necesidades de salud de los ciudadanos y, en la misma línea que Aguilar, le ha preguntado por su opinión a propósito de temas como la reducción de profesionales, la supresión de inversiones y equipos, el copago farmacéutico o en el transporte sanitario o la exclusión de mayores de 26 años o inmigrantes.
Así, ha afirmado que nunca se ha presentado un documento "riguroso" vinculado a los planes presentados y que justifique el ahorro así como en destino de ese ahorro a la Sanidad. "Por ello, las medidas de recorte bajo ese discurso de la teoría de la sostenibilidad lo están haciendo insostenible".
SILENCIO DE IU
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de IU, José María González, ha mostrado su decepción después de que, dada una interpretación del Reglamento de las Cortes, su grupo no pudiera intervenir en un turno en contra de este Decreto y únicamente pudiera hacerlo a la hora de fijar posiciones.
En declaraciones a los medios de comunicación, González ha responsabilizado al PSOE de esta situación al romper un acuerdo previo alcanzado la Junta de Portavoces por una interpretación del Reglamento por parte del letrado mayor. "Esto me ha llevado a decir basta ya", ha señalado González, quien ha considerado que PP y PSOE se sienten "dueños y señores" de las Cortes.
De este modo ha exigido una Reforma del Reglamento, ya que, a su juicio, el actual parece "hecho a la medida" de los dos partidos mayoritarios de la Cámara.
Finalmente, tras detallar que se llegó incluso a plantear permanecer en silencio durante su turno de fijación de posiciones, ha decidido dejar de forma "clara y contundente" la postura de su grupo en contra de la convalización de este Decreto.
Finalmente, PSOE y Grupo Mixto han reclamado la tramitación del Decreto Ley como Proyecto de Ley, algo que ha sido rechazado con los votos en contra del PP.
EL DECRETO
El referido decreto ley introduce una serie de modificaciones en la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad y se enmarca en el Plan Económico-Financiero 2012-2014 que persigue la reducción del déficit y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales.
En este sentido, el consejero de Sanidad ha advertido de que las modificaciones aprobadas para facilitar la ordenación del sistema, así como otras en materia de recursos humanos, no tendrán consecuencias en los servicios que hasta la fecha se venían prestando, ya que "se mantiene el número de zonas básicas de salud, los equipos de Atención Primaria y los servicios de área", mientras que en algunas de estas zonas básicas "se eliminan ciertas rigideces", lo que implicará el traslado de profesionales de unas a otras.
La única particularidad radica en que entre las 22.00 horas y las 08.00 horas las urgencias de Atención Primaria que se prestaban en los consultorios locales se concentrarán en los centros de salud, al igual de lo que ocurre en el resto de España, medida que Sáez Aguado justifica en la baja frecuencia registrada de este tipo de servicios.
