VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular llevará una PNL al próximo pleno de las Cortes de Castilla y León para pedir al Gobierno de la nación que se alinee con los países productores de vehículos y apoye un replanteamiento de la normativa de emisiones EURO 7 que obliga a los fabricantes a realizar "inversiones millonarias" antes del 1 de enero de
2025 para reducir las emisiones de los vehículos de combustión, lo que "podría condicionar gravemente la implantación efectiva de los planes industriales en Castilla y León".
Así lo ha advertido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, que ha acusado al Gobierno de la nación de haberse situado al lado de los países europeos que no son productores, en su defensa de "un futuro sin coche", y no de los intereses de los países en los que se fabrican los vehículos "con lo que supone". El 'popular' se ha referido, en concreto, a una "guerra entre países en Europa" que, de seguir adelante con los actuales postulados, perjudicará a los países fabricantes.
De la Hoz ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que aproveche la "importante oportunidad" que supondrá la Presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre del año para que "lidere una transición ecológica, económicamente viable y socialmente justa" para el sector de la automoción que, en el caso de Castilla y León, representa el 20 por ciento de la capacidad instalada en España, genera alrededor del 25 por ciento del PIB industrial y aglutina el 50 por ciento de las exportaciones.
La segunda propuesta del PP para que el Gobierno de Pedro Sánchez "no castigue al sector de la automoción en Castilla y León" pasa por alinearse con países como Alemania para que se suspenda el plazo límite de 2035 para la prohibición del coche gasolina y diesel y abrir un debate entre regiones, Estados miembros y fabricantes para analizar la alternativa de los combustibles sintéticos y la pertinencia de una coexistencia de distintas tecnologías de propulsión "que contribuyan a propiciar un entorno favorable en la lucha contra las emisiones gases
contaminantes".
En este punto, ha aclarado que el Partido Popular no está pidiendo "en ningún caso" que se abandonen los objetivos de lucha contra el cambio climático y de un futuro en Europa libre de emisiones pero ha insistido en que todas las normas deben ser compatibles con el respeto a un industria "vital" en lo económico y como instrumento para la comunicación entre personas y territorios, como la automoción.
A este respecto, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menández, se ha referido a una reciente reunión de Pedro Sánchez con el CEO de Renault, Luca de Meo, para analizar el impacto de la normativa de emisiones EURO 7 que, según ha compartido con el PP, afectará principalmente a las plantas de pequeño y mediano tamaño y se traducirá en un repunte del precio de los coches del 10 por ciento, sin descartar "cierres de fábricas y pérdida de empleo en España" como consecuencia de unas inversiones "difíciles de amortizar" para el sector.
Menández ha cargado contra las consecuencias del "sectarismo de las políticas climáticas fuera de la realidad", con el ejemplo de la normativa EURO 7, y ha garantizado la "férrea oposición" de los de Vox a la Agenda 2030 y a la "política de ideología climática", frente a la Agenda España que defienden los de Santiago Abascal que aboga por la reindustrialización, por la soberanía energética "y por la suspensión de toda norma climática impuesta por las élites globalistas".
También ha hablado sobre el sector de la automoción el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, quien, tras ironizar sobre el "sorprendente giro" en política medioambiental del Partido Popular en su "carrera enloquecida con Vox", ha advertido de que es "un poco absurdo" desde el punto de vista de salud pública ya que luchar contra la contaminación también tiene un impacto en la "mortalidad evitable".
"No le vemos ninguna ventaja", ha añadido Igea que ha ironizado sobre la carrera de algún candidato del PP a las municipales del 28 de mayo por ver "quién es más partidario de la contaminación" y quien lleva el coche a la puerta de las casas, cuando, para el político liberal, habría que centrarse en ayudar a una transición imprescindible desde el punto de vista climático y de salud de la población.
Así se ha sustanciado en las sucesivas ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces para preparar el pleno ordinario de los días 21 y 22 de marzo que, según han destacado todos los intervinientes, se ha desarrollado con una "absoluta normalidad y enorme brevedad" y de manera "pacífica".
El Partido Popular llevará otra PNL para pedir al Gobierno de la nación que, "por favor, deje en paz" a la estación de esquí del puerto de Navacerrada con una crítica expresa al Ministerio de Transición Ecológica por pretender atacar "por tierra, mar y aire" un proyecto que es "una fuente de riqueza" para esta zona.
En el caso del Partido Socialista defenderá también dos PNL, una para reclamar ayudas para los afectados por la enfermedad celiaca con las que afrontar el "gasto añadido" que ha supuesto el repunte de la cesta de la compra especialmente para estas personas y otra para que la Junta complemente con 150 euros la ayuda estatal de 250 euros para ayudar a las familias de las clases medias.
"Esperemos que la Junta esté a la altura de las circunstancias", ha pedido la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, que ha llamado a los grupos que sustentan al Gobierno a ponerse "por una vez" al nivel "de la gente normal" con una petición expresa para que asuman un compromiso con las familias.
El pleno de las Cortes empezará con las preguntas de control al Gobierno y en el caso del Grupo Mixto la pregunta el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, correrá a cargo del procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que, a expensas de registrar mañana la literalidad de la misma, ha apuntado a que puede versar sobre el balance del primer año de legislatura de PP y Vox, en su opinión, "francamente desolador y absolutamente negativo".
Fernández ha contrapuesto los efectos de las políticas aplicadas por PP y Vox con las del Gobierno de la nación, formado por PSOE y Unidas Podemos, y ha reivindicado en concreto, el reciente acuerdo sobre pensiones que, según ha asegurado, garantizará un sistema sostenible, justo y redistributivo con especial repercusión en los pensionistas de Castilla y León que tendrán "una vida más digna".
