VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular ha impedido con su voto la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Ciudadanos y que ha sido respaldada por el resto de grupos con el fin de avanzar en el desarrollo de una normativa legal que establezca un marco de protección jurídica para funcionarios y empleados públicos que divulguen información sobre episodios de corrupción en el seno de la administración.
El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, ha defendido esta PNL que, a pesar de recibir críticas del resto de grupos por la falta de concreción de medidas, sí contó con el respaldo de PSOE, Grupo Mixto y Podemos. La votación se llevó a cabo finalmente tras un 'rifi-rafe' sobre la interpretación del Reglamento, ya que segundos antes de la votación Fuentes se mostró partidario de incluir una modificación en el texto con el fin de contar con el respaldo del PP.
Así, la iniciativa de C's establecía en un primer momento imponer un plazo de seis meses para que la Junta desarrollara una normativa legal de alcance autonómico para establecer este marco de protección jurídica y, a través de esta enmienda final, Fuentes pretendía incluir el plazo de un año, algo con lo que el PP estaba de acuerdo, en palabras del portavoz del Grupo, Carlos Fernández Carriedo.
Sin embargo, la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, se ha ceñido a lo establecido en el Reglamento de las Cortes y a los informes de los letrados de la Cámara para negar esta introducción final, ya que, como ha explicado, "en el momento de las votaciones no cabe reabrir el debate".
Esta decisión provocó nuevas intervenciones de todos los grupos, ya que Ciudadanos y PP insistieron en que la votación de esta PNL no se había iniciado por lo que, a su juicio, se podría haber modificado lo que consideren oportuno. Sin embargo el resto de grupos se mostró en contra.
Así, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado "seriedad y rigor", algo que han respaldado el procurador de IU, José Sarrión, de UPL, Luis Mariano Santos, y del PSOE, Luis Tudanca, quienes ha defendido la aplicación del Reglamento.
Tras escuchar a los grupos Clemente ha sido tajante en la aplicación del Reglamento y no ha posibilitado la introducción de la enmienda, lo que ha llevado al portavoz de Ciudadanos a que en una intervención posterior haya defendido que "los reglamentos están para ser interpretados y no para ejecutarse de forma radical".
LA PNL
En su intervención durante el debate de la PNL de Ciudadanos, el procurador 'popular' Juan José Sánz Vitorio ha sido el responsable de argumentar el voto en contra del PP. Así, ha recordado que existe normativa que regula estas situaciones, tras lo que ha recordado que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la comisión de un delito está obligado a ponerlo en conocimiento de la administración pertinente y "los funcionarios no están exentos de esa obligación".
Sanz Vitorio se ha referido además al Estauto de los Trabajadores Públicos donde se recoge expresamente los derechos y deberes de los funcionarios, con lo que, a juicio de su Grupo, esta cuestión ya cuenta con la regulación pertinente.
Por su parte, Podemos ha respaldado la propuesta, ya que, como ha argumentado la procuradora Adela Pascual es necesaria ante las "redes clientelares" que, a su juicio, se han creado en la administración con "familias con varios miembros ocupando puestos de este tipo". "Ya no vale la vieja política, necesitamos profesionalidad y compromiso", ha manifestado.
Por su parte, el procurador socialista Luis Briones ha abogado por avanzar en este sentido para lograra una "transparente y eficiente" gestión del gasto público. "El PSOE está dispuesto a adoptar todas las medidas necesarias de transparencia para mejorar la Comunidad", ha concluido.