VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular ha sacado adelante con el voto a favor del Grupo Vox y de los dos procuradores no adscritos una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la Junta a dirigirse al Gobierno de la nación para que inicie los trámites oportunos para derogar la Ley de Vivienda de 2023 porque ha provocado inseguridad jurídica, ha reducido la oferta de vivienda en alquiler e "interviene" el mercado.
La procuradora del PP María de las Mercedes Cófreces Martín ha advertido de que la oferta de la vivienda es "cada vez más escasa" y los precios "cada vez más altos" y ha llamado a corregir la "política errática" que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno de España a través de una norma "ideológica" e "intervencionista" que "ha protegido al okupa y ha penalizado al propietario".
El Grupo Vox ha dado el visto bueno a la PNL del PP a pesar de que se queda "un poco corta" y es "poco ambiciosa" por lo que ha planteado una enmienda de adición --no ha sido aceptada-- para acabar con el "cuello de botella" que produce la inmigración masiva, en palabras de Miguel Suárez Arca que ha llamado a acabar con la inseguridad jurídica creada por una ley con efectos "absolutamente perniciosos".
Suárez Arca no ha compartido el punto de la PNL del PP para que se respeten las competencias de las comunidades autónomas en la redacción del Plan Estatal de Vivienda ya que los de Santiago Abascal consideran que no es problema autonómico y que se tiene que tratar de manera nacional, si bien han votado a favor de la PNL porque el PP ha rechazado el voto por separado, como había pedido también UPL, que ha abstenido, como Soria ¡Ya! y Pedro Pascual y Francisco Igea.
También ha salido adelante impulsar las reformas legislativas necesarias para acabar con la ocupación ilegal e inquiocupación de viviendas y para expulsar a las personas que ocupan ilegalmente una vivienda en un plazo de 24/48 horas, y establecer medidas urgentes para disponer de más suelo urbanizado o para reducir la fiscalidad de la vivienda, entre otras.
Los representantes del resto de los grupos han coincidido en recordar que la vivienda es una competencia "exclusiva" de la Comunidad, como contempla el Estatuto. "Es la Junta la que tiene la potestad de legislar, regular y ejecutar políticas de vivienda. En otras palabras, la gestión de la vivienda en Castilla y León, alquiler, vivienda protegida, ordenación del suelo, regulación urbanística, depende principalmente del Gobierno autonómico, no del estatal", ha aclarado el socialista Pedro González en el argumento del voto en contra del PSOE.
González ha lamentado que Castilla y León sea una de las tres comunidades, junto con Murcia y La Rioja, que no han emitido "ni una sola calificación provisional" para construir vivienda de protección oficial en los tres últimos años. "En esto sí que estamos de los primeros, de auténtica vergüenza, logro conseguido", ha ironizado el socialista que ha situado a Castilla y León en el segundo puesto por la cola en construcción de vivienda protegida.
Por su parte, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que también ha rechazado la PNL del PP, ha reclamado de forma insistente la adopción de "medidas radicales" que vayan a la raíz del problema, la especulación, ha incidido. "Hay que prohibir la compra de vivienda que no sea para residir, porque hay que facilitar de una santa vez que la gente pueda acceder a una vivienda, que los jóvenes puedan emanciparse y que la gente de cualquier edad pueda acceder a una vivienda digna", ha exigido.
"La competencia es suya --de las comunidades--", ha aclarado también la procuradora de UPL, Alicia Gallego, que ha considerado que la PNL del PP tenía "otra finalidad" en un intento, a su juicio, de usar las Cortes de Castilla y León como "el altavoz" de sus partido para reforzar en este caso al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "porque parece que viene a reiterar todo lo que ella defiende de forma constante".
Alicia Gallego ha aprovechado la ocasión para exigir a la Junta que conceda más posibilidades a las administraciones locales en suelo urbanizado puesto que ahora están "atadas y muy atadas".
"Construyan vivienda pública y déjense de milongas", ha pedido por último el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, que ha advertido al PP del riesgo de "copiar el discurso" a Vox que, según ha augurado, se va a "comer" a los 'populares'.
RECHAZADA LA PNL DEL PSOE EN MATERIA DE VIVIENDA
Por otro lado, PP y Vox han unido sus votos en este pleno para rechazar la PNL del Grupo Socialista en materia de vivienda que instaba en este caso a la Junta a crear un consorcio autonómico de vivienda y suelo en coordinación con ayuntamientos y diputaciones para planificar y promover vivienda pública y movilizar suelo con finalidad social.
El PSOE también ha llamado a la Junta a impulsar una Ley de Vivienda que reconozca un derecho subjetivo con "garantías efectivas" para el acceso a una vivienda digna y con mecanismos de evaluación del cumplimiento y medidas "para asegurar que la oferta pública sea suficiente y estable en el tiempo".
Tampoco ha salido adelante la petición del PSOE a la Junta para la adhesión y ejecución plena del Plan Estatal de Vivienda con la captación máxima de fondos, la correcta gestión y la puesta en marcha de programas autonómicos complementarios que faciliten el acceso al alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbana, "especialmente, en municipios en riesgo de despoblación".
El procurador del PP Francisco Javier Carpio ha acusado al PSOE de usar el problema del acceso a la vivienda "para hacer demagogia" con propuestas para generar más burocracia, como la creación del consorcio autonómico de vivienda y suelo que el procurador de Vox Miguel Suárez Arca ha tachado de "chiringuito" y que ha enmendado porque no ha encontrado "nada salvable".
"Ustedes votan lo mismo, piensan lo mismo, defienden lo mismo y a los mismos, a unos pocos, a los que más tienen, a los fondos buitre, a los grandes especuladores, esos son ustedes", ha respondido la procuradora proponente, Laura Pelegrina, que se ha mostrado convencida de que si iniciativa saldrá adelante con el gobierno socialista que salga de las próximas elecciones autonómicas.