El PP de Segovia pide a representantes del PSOE en la provincia que se manifiesten "claramente" respecto a la amnistía

El vicesecretario de Organización del PP Segovia, José María Bravo (hablando) y el senador Juan José Sanz Vitorio
El vicesecretario de Organización del PP Segovia, José María Bravo (hablando) y el senador Juan José Sanz Vitorio - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 19 septiembre 2023 13:42

   SEGOVIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Partido Popular de Segovia, por medio de su vicesecretario de Organización, José María Bravo, y el senador Juan José Sanz Vitorio, ha pedido a alcaldes, concejales, diputados nacionales y regionales y demás representantes públicos socialistas en la provincia que manifiesten "claramente" su postura respecto al proyecto de amnistía que se debate como una de las exigencias que el partido catalán Junts exige al PSOE para dar sus votos favorables a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

   José María Bravo ha declarado que estamos "en un momento histórico, de una gravedad extrema" y que, aunque esta negociación para la presidencia del Gobierno pueda parecernos lejana, "estamos en peligro de aumentar la desigualdad entre regiones de España, ha señalado, "y si las diferencias se acentúan, los pequeños, las regiones con menos población y menos industria, vamos a perder. Necesitamos una financiación adecuada, por ser pequeños".

   Sanz Vitorio ha explicado cómo el Gobierno ha mostrado una "imagen indecente" con la foto de la vicepresidenta junto a un "golpista y prófugo".

   El senador ha añadido cómo es "impresentable escuchar la expresión pacto fiscal y condonación de la deuda a Cataluña". Según Sanz Vitorio, la deuda de la comunidad catalana al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es de 70.000 millones de euros, que el fugado Puigdemont pretende incluir en la negociación por sus votos, a cambio de la condonación de esta cantidad.

   Sanz Vitorio ha recordado que, en su día, las comunidades de Castilla y León, Galicia y Madrid, que presentaron sus cuentas financieras ordenadas, no pidieron ayuda económica la FLA y negociaron en los mercados la financiación para sus proyectos, "mientras Cataluña, por ejemplo, con sus cuentas nada claras, no podía solicitar créditos en los mercados y tuvo que pedir dinero al FLA. Castilla y León pagó intereses más altos por tener sus cuentas ordenadas respecto a Cataluña, que recibió financiación a menor interés".

   Para José María Bravo, "mientras nuestra región hizo bien las cosas, pagó mayor interés por la financiación y gestionó bien el dinero, Cataluña lo despilfarraba y, ahora que se encuentran en una situación financiera grave, pretenden que las demás comunidades les paguemos su deuda.

   No estamos dispuestos, y lo haremos saber a través de las mociones de rechazo a la amnistía y a la desigualdad territorial que vamos a presentar en la Diputación y trasladaremos a los ayuntamientos de la provincia".

   En concreto, los puntos que se especificarán en la moción son: Rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito.

   Considerar que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento. Animar a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas.

   Tal como han apuntado los dos cargos populares, "en una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía atenta contra principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica", a la vez que han recordado que "ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano".

   Para Bravo y Sanz Vitorio, "si Pedro Sánchez aceptase esta prebenda, el precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos, sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo en 2017. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social".

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