La primera fase del ARU de 29 de octubre de Valladolid contempla la construcción de sólo unas 80 viviendas

Presentación del proyecto ganador del concurso para el ARU 29 de octubre
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 12 marzo 2015 13:44

De las 174 viviendas que se demolerán, unos 70 propietarios serán expropiados y en torno a 20 optarán por alquileres sociales

El arquitecto Gabriel Gallegos, elegido como ganador del concurso de propuestas

VALLADOLID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha explicado este jueves que, después de haber mantenido reuniones con en torno a un 80 por ciento de las 174 familias afectadas por la primera fase del proyecto de Área de Renovación Urbana (ARU) de 29 de octubre, algo menos de la mitad de ellas --entre 80 y 85-- accederá a cambiar su vivienda actual por una nueva, para lo que tendrán que abonar unos 20.000 euros.

Así lo han explicado este jueves la concejal de Urbanismo y Vivienda, Cristina Vidal, y el gerente de la Sociedad Municipal de Vivienda, César Alonso, tras la presentación del proyecto del arquitecto Gabriel Gallegos, que ha sido elegido como ganador del concurso de propuestas para la ejecución de este ARU.

La primera fase del proyecto afecta a un total de 174 viviendas situadas entre las calles Faisán, Cigüeña y Villabáñez y VIVA se encuentra en la fase final de las reuniones explicativas con los propietarios. Concretamente, aseguran que han mantenido encuentros con 140, mientras que de los 34 restantes Cristina Vidal ha aseverado que "ni han aparecido ni van a aparecer" porque o bien son "personas problemáticas" o no se niegan a reunirse con el Consistorio.

Con ello, la Concejalía y VIVA concluyen que "casi el 50 por ciento de los vecinos", es decir entre 80 y 85 familias, estaría dispuesto al cambio de vivienda antigua por vivienda nueve de acuerdo con las obligaciones que plantea el proyecto de actuación, que implica la adquisición de una plaza de gobierno y trastero y el desembolso total de unos 20.000 euros, siempre que no deseen una vivienda con mayor superficie. En este último caso deberán pagar la diferencia "al precio del metro cuadrado para VPO".

De ese modo, la primera fase consistirá en la demolición de los 29 bloques que albergan las 174 viviendas y la edificación de un módulo en formato baja más cinco plantas que acogerá entre 80 y 85 pisos. El resto de la parcela quedará urbanizado y la intención del Ayuntamiento es modificar el planeamiento con el fin de incrementar la edificabilidad y, en un futuro, ofrecer el suelo para una promoción de vivienda protegida.

ALQUILERES SOCIALES

Un pequeño porcentaje de propietarios, unos 18, que en su mayor parte son personas mayores, optarían por quedarse en los apartamentos de alquiler social --rentas de entorno a 150 euros al mes--, situados junto al colegio Lestonnac y enfrente de los bloques que se derribarán. Por ello, recibirán la cantidad correspondiente a la expropiación, establecida por la Comisión Territorial de Valoración (CTV) entre 22.000 y 24.000 euros.

El resto de los propietarios, unos 70, serán expropiados forzosamente. César Alonso ha apuntado que entre ellos se encuentran las personas que no tienen voluntad de participar en el proyecto por diversos motivos, así como las viviendas vacías y las que pertenecen a varios herederos o son titularidad de personas jurídicas.

El proceso de expropiación cuenta ya con las valoraciones de la CTV, si bien el gerente de VIVA ha matizado que si los propietarios entienden que por mejoras que han llevado a cabo en sus viviendas el precio debe ser mayor, pueden proponer su propia valoración en el proceso de alegaciones.

A este respecto, la edil de Urbanismo ha reconocido que se percibe "cierta incredulidad" entre los vecinos debido a que se comenzó a plantear este proyecto hace ya varios años.

En este sentido, ha considerado que el Grupo Socialista se ha dedicado a decir a los propietarios que el proyecto "no se va a hacer", lo que contribuye a la creación de ese "clima de confusión". Por su parte, el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, ha lamentado que el PSOE haya entrado en esa actitud.

Ambos representantes han querido dejar claro que ya está garantizada la financiación, pues la aprobación en Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de la subvención plurianual en tres ejercicios de 5,1 millones de euros, procedente de los compromisos suscritos por la Junta y el Ministerio de Fomento, que implican el ingreso "inmediato" de 1,6 millones de euros correspondiente a la anualidad de 2015.

Esa cantidad forma parte de los 7,4 millones de euros que ya están comprometidos para esta primera fase --3,3 millones del Ministerio, 1,9 de la Junta y 2,2 del Ayuntamiento-- y condicionados a que las obras concluyan antes de finales de 2017. Además, se suman los 1,5 millones de euros ya presupuestados por el Consistorio para las expropiaciones.

En todo caso, los representantes municipales han asegurado que, aunque en su momento se aportó la cifra de 19 millones de euros para el derribo y construcción de la primera fase, la cantidad puede ser menor porque finalmente sólo se van a construir la mitad de las viviendas previstas inicialmente.

TRASLADO DURANTE LAS OBRAS

La ejecución de la primera fase, que seguirá el proyecto diseñado por el arquitecto Gabriel Gallegos y que podría comenzar en unos meses, según Cristina Vidal, comenzará por la demolición del edificio situado entre las calles Faisán y Cigüeña para levantar posteriormente un nuevo módulo en configuración baja más cinco plantas que incluirá unas 80 viviendas.

Las personas residentes quedarán en diferentes situaciones en función de la opción que elijan. Así, los que sean expropiados recibirán la cantidad correspondiente y abandonarán sus viviendas; mientras que los propietarios que opten por el alquiler social o por adquirir la nueva vivienda deberán ser realojados durante la fase de construcción.

Para ellos existen varias opciones, como ha explicado la concejal, como mudarse con familiares, alojarse en viviendas de alquiler que serían cedidas por propietarios de otras zonas del barrio de Pajarillos o ubicarse en viviendas de los otros dos módulos que no se derribarán en un primer momento y cuyos propietarios sean realizados.

Sobre la situación de los propietarios que tienen hipotecas pendientes, unas 73 según señaló la concejal Cristina Vidal en el Pleno municipal de febrero, se ha mantenido conversaciones con banco Ceiss, con el que están suscritas la mayoría, así como con Sabadell y Banco de Castilla. La edil ha citado que la entidad fruto de la fusión entre Caja España y Caja Duero está "dispuesta a ampliar las hipotecas".

En cuanto a las personas que no se encuentren al día en el pago de estas deudas, ha aseverado que "si no pueden pagar ahora, no van a poder pagar después".

PROYECTO GANADOR

El proyecto de Gabriel Gallegos, propuesto al concurso anónimo bajo el lema 'Piolín' ha sido elegido entre los 15 trabajos presentados por un jurado formado por la concejal de Urbanismo, el gerente de VIVA y varios arquitectos como Primitivo González, Emilio Mitre --designado por el Colegio de Arquitectos-- y Francisco Javier Blanco.

El proyecto ganador, según ha subrayado Primitivo González, es "equilibrado y realista", tanto desde el punto de vista arquitectónico como ambiental, y hace hincapié en la puesta en valor de los espacios comunes.

Así, ha destacado que no prevé ocupar con el sótano la totalidad de la parcela, lo que facilita la creación de zonas verdes; por crear accesos a los edificios tanto desde dentro como desde fuera de la parcela; por utilizar "atractivo" patio interior protegido por lucernarios ventilados, abiertos a los espacios comunes, permitiendo la integración visual de todos ellos y creando distribuidores luminosos y abiertos.

Además, todos los salones y dormitorios son exteriores y están mayoritariamente orientados al sur, con el fin de mejorar el coste energético.