VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha instado a la Junta a servir a la ciudadanía con una mayor celeridad, eficiencia y eficacia, tras constatar la falta de respuesta expresa a un recurso potestativo de reposición que acumula un año de retraso pese a tener un plazo legal de resolución de un mes.
Quintana ha trasladado esta resolución a la vicepresidenta segunda autonómica, Isabel Blanco, coincidiendo con la toma de posesión para la renovación de su segundo mandato al frente del Alto Comisionado de las Cortes autonómicas.
A través de esta resolución recogida por Europa Press, el defensor autonómico ha reprobado la vulneración del deber legal de dictar una resolución expresa frente a un recurso derivado de la inadmisión de una ayuda a la eficiencia energética en viviendas. Según ha expuesto la institución, esta omisión administrativa constituye una anomalía que afecta a la seguridad jurídica en las relaciones con los particulares y resulta contraria al correcto funcionamiento del sector público regulado por la Ley.
Quintana ha señalado que es consciente de la complejidad que entraña la tramitación de los fondos procedentes de la Unión Europea y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuya carga de trabajo ha calificado de encomiable. Sin embargo, ha subrayado que los castellanos y leoneses tienen derecho a una buena administración conforme al Estatuto de Autonomía, principio que impone a los poderes públicos la obligación de ofrecer una contestación a los administrados en un plazo razonable.
Asimismo, el Procurador del Común ha advertido de que las demoras en la entrega de las subvenciones distorsionan su finalidad, perjudican la confianza de los ciudadanos y dañan la actividad económica. En este sentido, ha explicado que un plazo anormalmente prolongado perjudica de forma directa tanto a los solicitantes como a las empresas de los sectores implicados en la rehabilitación de inmuebles y en la instalación de medidas de mejora energética.
Por todo ello, la institución ha reclamado a la Administración autonómica que resuelva de forma expresa y sin demora el recurso pendiente, de acuerdo con el principio de mejora continua previsto en la Ley de Derechos de los Ciudadanos de Castilla y León.
Del mismo modo, ha pedido habilitar los medios personales, organizativos y materiales oportunos para tramitar con la debida diligencia el volumen de expedientes y evitar que estos retrasos se repitan en procedimientos sucesivos.
