VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Fomento y Medio Ambiente del PSCL, Ana Muñoz de la Peña, ha criticado hoy la actuación de la Consejería del ramo respecto del incendio declarado este verano en Castrocontrigo (León) al entender que los efectos devastadores del mismo, con un total de 11.724 hectáreas afectadas, pueden ser consecuencia de los "fallos" cometidos por el operativo de lucha tanto en coordinación como en comunicación, al tiempo que ha instado a Silván a que ponga en marcha, con la mayor urgencia, medidas para la recuperación natural y económica de la zona siniestrada.
Pese a reconocer que no hay más culpable que quien provocó el fuego de forma intencionada, la socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha pedido a Silván que asuma la responsabilidad política de un operativo deficiente para evitar que los mismos errores vuelvan a cometerse en el futuro, entre los que ha citado el hecho de que en los primeros compases del fuego no trabajaran ya en la zona varios helicópteros que se encontraban parados en bases muy próximas y pertenecientes a la provincia de Zamora, al tiempo que ha acusado a la Junta de incumplir la Ley de Montes "en toda su dimensión" en lo relativo a la inexistencia de planes de defensa contra el fuego y la no agrupación o constitución de municipios para dicho fin.
La procuradora socialista ha censurado igualmente a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por "falta de prevención", cuando, según ha destacado, "un incendio bien prevenido se queda en mero conato", así como por los "recortes" tanto en dicha materia, del 46 por ciento, como en la lucha contra el fuego, capítulo en el que la Junta cuenta con 511 efectivos menos que en 2009.
Pero la principal preocupación del PSCL, tal y como ha apuntado Muñoz de la Peña, se centra ahora en la revitalización de la zona afectada, que puede en tardar entre diez y cuarenta años en recuperarse, de ahí que haya instado al consejero a que ponga en marcha un plan de recuperación ambiental y económica en la comarca y que complemente las medidas recientemente aprobadas por el Gobierno central o cubra los daños que éstas no incluyen, en referencia a los sufridos por montes de utilidad pública, propiedad de las juntas vecinales, o lo ocasionados por aquellos incendios que puedan producirse a partir del 1 de noviembre.