Quintana reivindica su voluntad de cumplir con su deber "con la máxima objetividad e independencia"

VALLADOLID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El procurador del Común, Tomás Quintana, ha reivindicado su voluntad de cumplir con el deber que le corresponde a la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León la "con la máxima objetividad e independencia".

A esto ha añadido que el Procurador del Común ha puesto "el mayor empeño" para que las administraciones ejerciten sus competencias, "como resulta exigible, con total respeto a los derechos de las personas".

Tomás Quintana ha trasladado este mensaje con motivo de la presentación este miércoles del Informe del Procurador del Común correspondiente al año 2021, que ha tenido lugar en el pleno monográfico con el que ha arrancado el actual periodo de sesiones, junto al de elección de los tres senadores autonómico que tuvo lugar en la tarde del martes.

Quintana ha asegurado que, como en los anteriores y conforme a las funciones que tiene asignadas el Procurador del Común en sus normas reguladoras, las personas que sirven en la Institución siguieron trabajando en 2021 para tutelar los derechos de los ciudadanos de Castilla y León en sus relaciones con las Administraciones públicas, esa voluntad de cumplir este deber con objetividad e independencia.

Respecto al informe propiamente dicho, ha vuelto a destacar que se ha distinguido por primera vez entre las quejas individuales y las múltiples, con un total de catorce relativas a otros tantos asuntos que fueron presentadas por "decenas, centenares e, incluso, miles de ciudadanos".

En total y según ha precisado Tomás Quintana en este pleno monográfico, en 2021 se contabilizaron a efectos estadísticos 2.030 quejas, en las que se incluyen las 14 múltiples, a las que hay que añadir el inicio y tramitación de 44 actuaciones de oficio, lo que determinó la apertura y tramitación de un total de 38.345 expedientes.

Y derivadas tanto de expedientes de queja como de actuaciones de oficio, se dictaron un total de 1.235 resoluciones, de las que 263 derivaron en archivo por ausencia de irregularidad en la actuación administrativa mientras que en 972 resoluciones se formularon recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias a las administraciones afectadas.

Según ha informado, a la fecha de 28 de febrero de 2022 se había recibido contestación a 738 resoluciones, el 75,93 por ciento de las 972 emitidas, a lo que ha añadido que en 636 ocasiones (el 86,18 por ciento) fueron aceptadas las recomendaciones, recordatorios o sugerencias, 523 de ellas en su totalidad (el 70,87 por ciento) y 113 de forma parcial (el 15,31 por ciento). En cambio, ha lamentado, no fueron aceptadas 102 resoluciones (el 13,82 por ciento de las emitidas).