VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Sanidad y doce colegios profesionales de Castilla y León trabajarán conjuntamente para controlar la publicidad sanitaria que pueda ser irregular o tenga visos de faltar a la veracidad y la Administración actúe en caso de que se produzca.
Aunque se trata del primer acuerdo de estas características y el fin es reforzar la colaboración entre las instituciones firmantes, ya se actuaba para evitar la difusión de mensajes publicitarios ilegales o susceptibles de generar riesgos para la salud.
Ahora, se trata de establecer un "control compartido" de la legalidad, ha explicado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha concretado que en muchos casos estas situaciones no tienen que ver con la actuación de profesionales sanitarios, sino de intrusismo o actos "parasanitarios", que es donde la publicidad adquirir "visos de veracidad".
El titular de Sanidad ha advertido de que a veces este tipo de publicidad puede tener efectos sobre las personas y "confundir", cuestiones que "no son inocuas". Se trata de potenciar así el trabajo que ya se desarrolla, que ha supuesto que desde principios de 2015 se hayan presentado 74 denuncias por presunto incumplimiento en materia de publicidad, 27 apercibimientos con subsanación de errores y 34 expedientes sancionadores.
Las multas pueden ser de hasta 3.000 euros en el caso de leves, de 3.000 a 30.000 en los graves y superar ésta última cifra en los casos muy graves, todo ello en virtud del grado del número de afectados, la gravedad de las actuaciones y el beneficio económico obtenido por quien presta los servicios.
En este contexto, el presidente del Consejo de Fisioterapeutas de Castilla y León, José Luis Morencia, ha señalado que es un acuerdo "un poco de mínimos" porque a pesar de que esto es un protocolo, la labor ya se hacía desde hace tiempo y, de hecho, la entidad a la que representa es de las que más denuncias presenta y experiencia tiene en esta materia.
Morencia ha explicado que ahora hay "voluntad política" pero hasta ahora el problema es que no existe una ley nacional "fuerte, consistente" que evite "pseudoterapias" o "pseuprofesionales" que, frente a los que tienen unos conocimientos y unos estudios, tratan de llevar a cabo prácticas diferentes sin tener formación para ello.