Del Ser confía en contar en 2027 con las 19 plazas adscritas a Castilla y León por el Ministerio de Justicia

BURGOS 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha hecho balance de la Memoria Judicial correspondiente al año 2025, un ejercicio marcado por la contención en el ingreso de asuntos, el incremento de la capacidad de resolución de los magistrados y la preparación para el despliegue de la Ley de Eficiencia Organizativa.

En este sentido, la presidenta del Alto Tribunal regional, Ana del Ser, confía en la creación de 19 plazas judiciales en Castilla y León. Del Ser se encuentra a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto de creación de plazas judiciales -vinculado a una convocatoria nacional de 500 plazas de judicatura-.

El proyecto prevé la asignación de 19 plazas para la comunidad autónoma, un volumen que considera "absolutamente imprescindible". El horizonte temporal que maneja la Sala de Gobierno es que la mitad de estas plazas se activen a principios de 2027 y el resto a mediados de ese mismo año.

El reparto de estas 19 plazas se concentrará prioritariamente en las secciones civiles, las más congestionadas. Así, en las audiencias provinciales se crearía una plaza para la Sección Civil de la Audiencia de León, cuatro nuevas plazas en las Secciones Civiles del Tribunal de Instancia de Valladolid, dos en León, y una plaza en cada una de las siete capitales restantes.

Por lo que se refiere a otros partidos judiciales, se crearía la tercera plaza de juez en Miranda de Ebro y en Aranda de Duero. Y en otras jurisdicciones, la cuarta plaza para lo Social en Burgos, la sexta en Valladolid y una plaza de lo Mercantil en León.

La previsión es que el Real Decreto pueda aprobarse entre junio y julio, aunque su entrada en funcionamiento real "se demorará debido a los plazos" de la selección. Mientras tanto, el TSJCyL ya trabaja en la detección de necesidades adicionales que afectan a las secciones penales de Burgos, León, Valladolid y Salamanca.

LOS DATOS

Los datos estadísticos globales de 2025 reflejan una "ligera reducción en los niveles de registro" respecto al año anterior, especialmente concentrada en las jurisdicciones civil y social. En concreto, el orden civil experimentó un descenso de unos 20.000 asuntos, mientras que el social registró cerca de 2.000 menos.

Por el contrario, el orden penal anotó un leve repunte y el contencioso-administrativo se mantuvo estable, ha asegurado Del Ser, quien ha apuntado que este descenso "no supone un retorno a los niveles de 2023", ya que 2024 fue un año de crecimiento excepcional en la litigiosidad.

La caída en el ingreso civil se vincula directamente con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introdujo el requisito de procedibilidad, obligando a los despachos de abogados a intentar una solución alternativa previa a la vía judicial.

COLAPSO EN LA JURISDICCIÓN CIVIL

Sin embargo, Del Ser ha señalado que aún es "pronto para evaluar la efectividad real" de estas mediaciones, cuyos efectos se analizarán con los datos del presente ejercicio. A pesar de la tregua estadística, la jurisdicción civil sigue colapsada, manteniendo de forma sostenida una carga de trabajo que supera el 120 por ciento de los módulos fijados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ante esta situación, el número de asuntos en trámite apenas ha variado, a pesar de que los jueces de la región lograron resolver unos 10.000 asuntos más que el año anterior.

La Memoria de 2025 vuelve a poner de relieve el parón en la ampliación de la planta judicial. A lo largo de todo el año pasado no se creó ninguna plaza estructural en la región, repitiendo el escenario de 2024. Las dos únicas excepciones fueron de carácter finalista y vinculadas a la violencia de género: la segunda plaza para la sección especializada de Valladolid y la creación de una sección comarcalizada en León.

Esta carencia obligó a la presidencia del TSJCyL a reestructurar los Jueces de Adscripción Territorial (JAT) disponibles. La acumulación de 'macrocausas' penales de especial complejidad y repercusión mediática en la Audiencia de Valladolid--como el 'caso Eólicas' o el 'caso Funeraria'--forzó el desvío de estos efectivos de refuerzo.

Como consecuencia, a finales de año se tuvo que poner fin a la especialización del juzgado de Condiciones Generales de la Contratación de Valladolid, repartiendo sus asuntos civiles ordinarios entre el resto de juzgados y dejando una bolsa pendiente de 3.500 asuntos que se prevé abordar tras los concursos de traslados de septiembre.

COMPLEJIDAD

La mayor complejidad organizativa del pasado ejercicio ha sido la preparación y posterior puesta en marcha, el pasado mes de enero, de los nuevos Tribunales de Instancia. De los 41 partidos judiciales de la comunidad, los 20 unipersonales y los de doble plaza no han presentado mayores dificultades

Sin embargo, las disfunciones se concentran en las nueve capitales de provincia y Ponferrada, donde el modelo de Servicios Comunes de Tramitación ha generado críticas por parte de los operadores jurídicos. Del Ser ha reconocido que los primeros seis meses de implantación han estado marcados por los problemas derivados de fijar una fecha de inicio estricta sin consolidar previamente las plantillas.

La presidenta del TSJCyL ha remarcado que el reto más inmediato e importante al que se enfrentan los profesionales del sector en el territorio es la progresiva implementación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia. En este sentido, ha apuntado que la adecuada transición hacia el nuevo modelo de los Tribunales de Instancia resultará determinante para garantizar la agilidad y el correcto funcionamiento de la actividad judicial.

Finalmente, la magistrada ha calificado de encomiable la capacidad de respuesta y la dedicación demostrada por los jueces y el resto del personal del sistema ante la ingente acumulación de litigios. En esta misma línea, ha concluido que el esfuerzo de estos trabajadores públicos representa un verdadero ejemplo de responsabilidad que merece ser destacado de forma abierta por toda la sociedad civil.