SORIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los representantes sindicales de los trabajadores de la clínica privada Sala de Pablo de Soria denunciaron hoy la decisión de la oficina territorial de trabajo de autorizar el expediente de regulación de empleo presentado por el propietario de este centro.
En concreto, Amelia Silva, del sindicato de auxiliares de enfermería; Justina Gutiérrez, de SATSE; Proceso Lasanta, de UGT, y Juan Catalina, de CC.OO., comparecieron hoy ante los medios de comunicación para expresar su rotundo rechazo ante lo que califican de "grave error administrativo".
En este sentido, recordaron que el pasado 23 de febrero se notificó a los representantes de los trabajadores la resolución al expediente de regulación de empleo de la Oficina Territorial de trabajo mediante la cual se autorizaba la extinción de los contratos de trabajo de los 22 empleados de la clínica Sala de Pablo. Esta extinción supuso la situación legal de desempleo por parte de los trabajadores, ya que esa misma tarde la empresa procedió a la entrega de cartas de despido y de finiquitos.
Los portavoces sindicales mantienen que la Administración actuó de forma partidista al admitir un expediente de regulación de empleo "totalmente sospechoso", en palabras de Proceso Lasanta, de UGT, y que, a su juicio, esconde "un pelotazo urbanístico"
Los sindicatos expresaron su rotundo rechazo a este expediente porque consideran que la empresa no acredita las causas del mismo, de manera que el cierre se debe a "pura voluntad unilateral de la empresa", indicó Amelia Silva, representante del sindicato de auxiliares de enfermería.
Además, los representantes de los trabajadores señalaron que detrás de este cierre no hay causas económicas, ya que, según sus palabras, la empresa es solvente, "siempre ha conseguido beneficios". En este sentido, Juan Catalina apuntó que la empresa cuenta incluso con reservas para la reestructuración del edificio. Por ello, los sindicatos consideran que el expediente no refleja la verdadera situación del centro Sala de Pablo.
A ello se une que los sindicatos mantienen que 30 millones de pesetas sería una cantidad suficiente para acometer las reformas necesarias en la clínica. Los portavoces se preguntan por qué la administración sanitaria permitió que el centro continuase funcionando si no cumplía la legislación. Amelia Silva comentó que nunca antes se había encontrado ante un expediente similar.
La secretaria provincial de SATSE, Justina Gutiérrez, explicó ante los medios que ya se ha iniciado un recurso de alzada en contra de la resolución y que presentarán ante el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Carlos de la Casa.
Por otro lado, los trabajadores sostienen que el cierre y los finiquitos ya estaban preparados de antemano, porque de otra forma no se explican que en sólo unas horas la empresa hubiese podido preparar los finiquitos de todos los empleados. Los afectados mantienen que el propietario de la clínica conseguirá unos beneficios urbanísticos de 1.000 millones de pesetas.