SEGOVIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Subdelegación del Gobierno en Segovia procedió a la expulsión de 13 extranjeros durante los primeros dos meses del año 2006, ocho en enero y cinco en febrero de nacionalidades marroquí rumana, e inició 37 expedientes de expulsión a inmigrantes de 12 nacionalidades diferentes.
En este periodo se detuvo a 30 personas, siete de los cuales por incurrir en un delito contra los derechos de los trabajadores, ambos de nacionalidad española aunque el resto de los detenidos lo han sido por estancia irregular en España.
Estas cifras son parte del resultado del Plan de Control de la Inmigración ilegal diseñado e impulsado en el 2005 por la Subdelegación del Gobierno en Segovia para el control de la inmigración ilegal sigue dando resultados positivos, según manifestó el titular de esta Administración, Juan Luis Gordo.
Gordo mantuvo hoy una reunión con los responsables de la Inspección de Trabajo, Policía Nacional y Guardia Civil para el seguimiento operativo del Plan de Control de la Inmigración Ilegal en Segovia.
Según informó el subdelegado, el plan tiene como objetivo controlar y restringir al máximo la inmigración ilegal y la explotación laboral de trabajadores extranjeros mediante un trabajo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil con la Inspección de Trabajo.
El desarrollo operativo del plan conlleva la visita e inspección de aquellas empresas que se sospeche puedan tener trabajadores extranjeros en situación irregular y sin contrato de trabajo. En caso de detectarse contrataciones irregulares se actúa, si procede, en la doble vía administrativa con sanciones para la empresa entre 6.000 euros y 60.000 euros por trabajador irregular, y entre 301 euros y 6.000 euros para el inmigrante, pudiendo conmutarse esta sanción por la expulsión del territorio nacional por un mínimo de 3 años y judicial, comentó Gordo.
SECTORES.
La actividad inspectora se extiende a todos los sectores de actividad económica de la provincia, agricultura y ganadería, con especial intensidad de control en las campañas agrícolas y granjas ganaderas tanto en explotación extensiva como intensiva, construcción, industria, hostelería, comercio, servicio doméstico y ocio, en especial los clubes de alterne. El programa se lleva a cabo tanto en la ciudad de Segovia por la Policía Nacional, como en medio rural por la Guardia Civil. En los dos primeros meses del año se han inspeccionado 56 empresas de distintos sectores de actividad económica y en el 2005 se realizaron 585 visitas de inspección.
El subdelegado del Gobierno insistió en que la admisión de nuevos inmigrantes está fundamentalmente basada en la necesidad de cobertura de puestos de trabajo y, salvo los supuestos contemplados en la legislación, los inmigrantes que quieran desarrollar su actividad en España deben venir de origen con un visado que les autorice para trabajar o buscar empleo.
Asimismo, recordó que en Segovia a fecha 1 de marzo hay 11.571 inmigrantes legales, lo que representa el ocho por ciento de la población que reside en Segovia, de los que 10.000 proceden de puntos distintos a la EU, contando con autorización de trabajo 6.685 y 3.315 con autorización de residencia.
En la reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno también se analizaron las características y fases del procedimiento administrativo de expulsión y los casos en los que procede la conmutación de pena, de la pena para los condenados extranjeros por la expulsión, así como sus efectos.