El Supremo ratifica la pena de 3 años a un joven detenido en Valladolid con 36 pastillas de MDMA y 0,47 gramos de 'coca'

VALLADOLID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de tres años y un día de cárcel impuesta al joven Oscar G.R. como autor de un delito de tráfico de drogas cometido en la madrugada del 24 de mayo de 2003 cuando fue detenido por la Policía Municipal en la zona de Francisco Suárez en posesión de 36 pastillas de MDMA y 0,47 gramos de cocaína.

En su fallo, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el alto tribunal desestima el recurso de la defensa y confirma el fallo anterior de la Audiencia vallisoletana, que consideró probada la existencia de un delito contra la salud pública cometido por el citado joven. Este, en el momento de la detención, arrojó al suelo dos carteras tipo monedero en las que llevaba 36 pastillas de MDMA, la referida cantidad de cocaína y otras 12 píldoras más cuya composición no está sujeta a fiscalización.

Tras la confirmación de la pena, la Audiencia Provincial ha dado ya orden para la detención e ingreso en prisión del condenado para el cumplimiento de la pena impuesta en mayo de 2004.

Durante el juicio, el condenado aseguró que la mercancía la compró esa noche en el pub 'Camarote', en Francisco Suárez, tras desembolsar un total de 100 euros y precisó que era para su propio consumo, toda vez que esa noche tenía previsto acudir con unos amigos a una fiesta en Laguna de Duero. El resto de la droga, según advirtió, pretendía dosificarla y consumirla otros fines de semana.

Aunque en el momento de ser detenido negó ser consumidor, Oscar G.R. alegó que lo hizo por miedo a que sus padres se enteraran de su adicción. De hecho, en 2002 ya fue objeto de una sanción administrativa por consumo de drogas que consiguió mantener oculta a sus progenitores.

Pese a ello, la representante del Ministerio Fiscal mantuvo en su día la petición de 3,5 años de cárcel para el joven convencida de que la droga estaba preordenada al tráfico.

Detalles como la cantidad y variedad de la droga que portaba, así como el hecho de que el acusado no tenía por aquel entonces trabajo remunerado y no ha podido acreditar su condición de consumidor habitual son los que llevaron a la acusadora pública a mantener invariable la petición de pena, frente a la postura de la defensa, que solicitó una sentencia absolutoria.