Temporeros del empresario acusado de explotarles: "¡No cumplió lo prometido, ni siquiera un buen colchón!"

VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

El incumplimiento de las condiciones laborales, incluida la formalización de contrato, alta en la Seguridad Social y un sueldo de entre 1.600 y 1.800 euros, así como alojamiento en condiciones insalubres han sido una constante denunciada por la mayoría de la decena de jornaleros de nacionalidad extranjera que ha testificado contra el empresario rumano Vasile U, a quien la Fiscalía de Valladolid solicita inicialmente una condena de 4 años de cárcel, una multa de 45.000 euros y el pago de un total de 150.000 euros, a razón de 15.000 para cada uno de los afectados por daños morales.

El juicio, en el que se juzga un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, se ha iniciado este miércoles en la Audiencia de Valladolid pero el banquillo lo ha ocupado únicamente el citado Vasile, ya que su hermana y también encausada Ionela, administrativa de la empresa de trabajos agrícolas que, de facto, dirigía el primero, se encuentra declarada en rebeldía al estar ilocalizable.

En su primera sesión, a falta de conocer la versión de Vasile, que testificará este jueves, el tribunal ha podido escuchar el testimonio de la mayor parte de los denunciantes, quienes, casi de forma mayoritaria, han mantenido que en septiembre de 2020, en plena pandemia, acudieron a la zona de Medina del Campo, concretamente a la finca 'El Expolio', sita en Torrecilla del Valle, al reclamo de una oferta de trabajo muy atractiva que les había hecho llegar el que identifican como "el señor Ángel", una de las cuatro personas encausadas.

La decena de afectados fue reclutada en Alicante y Yecla (Murcia) por Ángel Q.T. y su hermano gemelo, el primer de los cuales está también en rebeldía para ser localizado a fin de que declare como investigado en fase de instrucción. El traslado de los temporeros se realizó en furgoneta hasta Torrecilla del Valle, donde se alojaron en sendas viviendas ubicadas en una finca muy alejada del pueblo, a seis o siete kilómetros, merced al contrato de alquiler suscrito entre Ionela, como representante legal de la mercantil de trabajos agrícolas, y el propietario del terreno y de sendos inmuebles.

Sin embargo, nada más llegar comprobaron ya que el alojamiento digno no era tal. "La madrugada que llegamos tan sólo dormimos dos horas antes de ir al tajo porque tuvimos que adecentar la casa, pues estaba todo muy cochino, un desastre...con comida podrida en el frigorífico y sin agua potable ni calefacción", ha descrito Jorge N.V, quien por aquel entonces contaba con 17 años y había llegado desde Yecla, junto con su madre, para integrar una de las cuadrillas con el fin de prestar trabajos de vendimia y recogida de patatas.

EL ACUSADO, "EN COCHES DE LUJO"

Otro de los denunciantes, Luis Enrique L.C, ha ido más allá al asegurar que no tenían ni colchones y por ello se vieron obligados a proveerse de ellos en un punto limpio, situación que, según ha reprochado, contrasta con el hecho de que Vasile llegaba a los tajos a bordo de "coches de lujo". "¡No cumplió nada de lo prometido, ni siquiera un buen colchón!", ha censurado Luis Enrique, en declaraciones recogidas por Europa Press.

A excepción de la madre de Jorge N.V, quien ahora asegura que cobró todo lo que se le debía y fue dada de alta en la Seguridad Social, contradiciéndose así de lo declarado en su día ante la Guardia Civil a la que denunció que le pagaban lo que querían los acusados y cuando querían ellos y que había estado tan solo unos días dada de alta, el resto de los testigos ha coincidido al señalar que trabajó cerca de un mes y únicamente percibió entre 150 y 200 euros.

"Nos engañaron", es el reproche generalizado de todos ellos al que también ha puesto voz Luis Andrés G.L, quien, al igual que los otros afectados, apunta a Vasile como la persona que dirigía el cotarro y que se hacía cargo de los pagos al "señor Ángel" para que éste les hiciera llegar el dinero. "Un día que estaba recogiendo patatas en el campo se me acercó Vasile y me regañó por la forma en la que lo hacía, por eso me di cuenta de que era quien mandaba", ha insistido Luis Andrés, que también ha denunciado que de las mínimas cantidades percibidas les descontaban los 5 euros diarios por el traslado hasta los tajos.

La situación explotó la noche del 22 de octubre de aquel año cuando los temporeros, a falta de cobrar y ya casi sin víveres, denunciaron la situación por teléfono a la Guardia Civil, que movilizó a la finca una pareja para tratar de mediar en lo que se le informó de que era una disputa por cuestiones laborales.

Los guardias civiles actuantes han 'desfilado' también ante el tribunal para ratificar que los denunciantes, once personas en total, se quejaban de los impagos comprometidos y también porque se les pretendía desahuciar de los dos inmuebles. Los agentes han recordado que, a petición de los afectados, realizaron una inspección ocular en las dos casas y pudieron comprobar su situación "insalubre".

"Estaban muy alterados, nos dijeron que les habían engañado y contaron que Ángel era el encargado de las cuadrillas pero que Vasile era el que mandaba y el que pagaba", han añadido los funcionarios del Instituto Armado, que también han precisado que conocen de sobra al acusado porque cuenta con más denuncias y está inmerso en otras diligencias anteriores y posteriores a estos hechos por idénticos cargos.

Al día siguiente, la Guardia Civil se encargó de escoltar a todos los afectados en su viaje de regreso a sus lugares de origen. Para el traslado, los jornaleros ocuparon una furgoneta proporcionada por Vasile que fue acompañada por la Guardia Civil hasta Madrid y que luego completó el viaje hasta Alicante por su cuenta.