VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Una representación de la plataforma de trabajadores de centros que atienden a personas con discapacidad intelectual en diferentes entidades de Catilla y León inicia desde este jueves, 16 de marzo, una ronda de contactos en la sede de las Cortes con representantes de los distintos grupos políticos.
Hasta las Cortes de Valladolid se desplazarán representantes de comités de empresa de los sindicatos UGT y CCOO llegados de varias provincias de la Comunidad, (León, Valladolid, Segovia, Ávila, Burgos, Zamora, Salamanca, Palencia, Ponferrada o Benavente) pertenecientes a entidades que en su mayoría están incluidas en Plena Inclusión CyL.
En dicho encuentro tienen previsto informar sobre la situación de precarización sin freno que sufren los trabajadores del sector que atienden a las personas con discapacidad, cuya actividad se destapó como sector esencial con la llegada de la pandemia hace ahora tres años y que aún hoy siguen manteniendo medidas sanitarias como el uso de mascarillas.
Ven necesario, por tanto, dignificar la labor de los trabajadores y por ello expondrán a los diferentes procuradores sobre la necesidad de que se legisle para concertar a los trabajadores desde la propia administración regional en un periodo corto de tiempo dado que la gran mayoría de las plazas de atención en los centros privados son de titularidad pública y, por tanto, son los poderes públicos quienes deberían asumir el pago delegado de estos trabajadores, como ocurre desde hace años en educación.
Tanto educación como discapacidad son competencia de la Junta de Castilla y León, recuerdan.
Igualmente, sostendrán que es imprescindible que mientras se tramite la concertación de los trabajadores, desde la propia Junta de Castilla y León se impulse un gran acuerdo con los agentes sociales para reconocer derechos que ya se disfrutan en otras comunidades autónomas desde hace años, en forma de acuerdo autonómico, como así posibilita el convenio de aplicación.
El reconocimiento de un complemento autonómico, la reducción de horas anuales, el reconocimiento económico por trabajar domingos, festivos o turnos, la posibilidad de jubilación anticipada desde los 60 años para quienes lleven 25/30 años de servicio en atención directa, mejoras en las situaciones de Incapacidad Temporal o medidas efectivas de conciliación en un sector mayoritariamente feminizado son algunas de las medidas que reivindicarán en la sede de la soberanía popular castellanoleonesa.
En este sentido, recuerdan, por ejemplo, que las categorías profesionales mayoritarias en atención directa (80%) son las de cuidador, asistente personal o auxiliar de enfermería que, aunque requieren de una formación específica o acreditación profesional, sin embargo, reciben salarios mensuales de 1027,13 euros/mes y que, al no llegar al SMI (1.080 /mes), deben ser implementados con 52,87 /mes, permitiendo la absorción de complementos hasta ese SMI.
Ello, si tienen la fortuna de tener una jornada completa, porque una mayoría de este sector tiene jornadas parciales a veces incluso por debajo del 50%, denuncian a través de un comunicado recogido por Europa Press.
CONVENIO AUTONÓMICO
Por todo ello, abogan por impulsar un convenio autonómico en Castilla y León que mejore las condiciones laborales de este sector, incluido trabajadores de CEE, e insisten en que sin recursos suficientes y equiparación a los servicios que se prestan en los centros públicos de atención a la discapacidad, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se convierte en "papel mojado".
También demandan establecer un observatorio autonómico permanente que vele por el cumplimiento de la prestación de servicios de atención de calidad en los que se incluya la visión desde los trabajadores de atención directa.
Finalmente, pedirán a los procuradores de los distintos grupos políticos que no instrumentalicen de manera partidista la dignificación de los trabajadores del sector de la discapacidad y que asuman e impulsen estas reivindicaciones desde la creencia en la necesidad de mejora para garantizar una atención de calidad en la prestación de servicios a las personas con discapacidad que necesariamente pasa por generar empleo de calidad.
