VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid dictó auto de sobreseimiento en el denominado 'Caso Arroyo', relativo a la investigación abierta hace ahora más de un año en la que el juez titular investigó a distintos cargos del Partido Popular, entre ellos al entonces alcalde por esta formación en Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, por su presunta vinculación en una trama de especulación urbanística desarrollada en dicha localidad vallisoletana.
Tras conocer la resolución judicial, que fue notificada hoy, el actual alcalde de Arroyo, presentado en los últimos comicios como independiente, declinó hacer declaraciones y remitió a su abogado defensor, el ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, quien, en declaraciones a Europa Press, calificó el archivo del caso como "una noticia esperada".
Y es que el letrado apuntó que desde el inicio estuvo convencido de la inocencia de sus dos patrocinados, tanto del primer edil de Arroyo como del que fuera concejal de Obras, Javier Cruz. "Fue una impresión que tuve el año pasado, apenas comenzar el procedimiento, y ahora su señoría me lo ha confirmado", se felicitó Gómez de Liaño.
Este, no obstante, recordó que el sobreseimiento pudiera ser recurrido en reforma ante el mismo juez y, subsidiariamente, en apelación ante la Audiencia provincial por el Ministerio Fiscal o bien por la acusación popular, representada por la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI.
Las investigaciones se iniciaron en mayo de 2006 centradas en el convenio urbanístico suscrito en 2003 en Arroyo de la Encomienda entre el entonces regidor del PP, José Manuel Méndez, y una ex empleada suya y apoderada de la constructora Mahía, María Iluminada Miguel, que permitía recalificar en el SAU-9 de la localidad un total de 25.598 metros de suelo industrial a urbano para que la promotora edificara 2.984 viviendas, lo que permitía a esta última hacerse con un beneficio de 179 millones de euros, frente a los 12,468 millones de euros entregados a cambio al Consistorio.
En el curso de las pesquisas, el juez llegó a solicitar a la Agencia Tributaria que le remitiera documentación de la Declaración de la Renta de los últimos cinco años de quince personas que aparecían inmersas en las diligencias, entre ellas del número 3 del PP de Castilla y León, secretario regional de Organización y actual procurador en Cortes, Raúl de la Hoz; del que fuera concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, Dionisio Miguel Recio; de uno de sus hijos, Julio César Miguel, y de su cuñada; del entonces concejal de Obras del PP en Arroyo, Javier Cruz, propietario además de cinco viviendas, dos de ellas de VPO, así como del presidente de Mahía, Ramón López.
Ahora, tras trece mes de instrucción, el magistrado fundamenta el archivo de las diligencias en que de lo actuado no ha quedado "debidamente justificada" la perpetración del tipo delictivo investigado, en concreto delitos contra la administración pública, si bien advierte de que en el curso del procedimiento se ha podido comprobar la vinculación existente entre distintas personas, tanto desde el punto de vista familiar como societario, y en concreto alude de forma específica al caso de la empresa Danfranma, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
A este respecto, el juez recuerda que dicha mercantil, de la que es socio Julio César Miguel, hijo del ex concejal en el Ayuntamiento de Valladolid y ex diputado provincial, Dionisio Miguel Recio, está relacionada con Mahía, la empresa que promovió la recalificación en el Sau-9 de Arroyo, y con otras cuyos socios o apoderados se integran en el círculo de influencia de la actividad urbanística en dicha localidad vallisoletana.
QUE INVESTIGUE EL FISCO
Sobre el funcionamiento de Danfranma, fundada en junio de 2003 en Pedrajas de San Esteban (Valladolid) y ejecutora de numerosas obras como subcontrata de Mahía, así como con un crecimiento del 600 por cien en su volumen de facturación, pasando de tener 17 empleados a cerca de 90, el magistrado expresa sus "dudas sobre la corrección contable y laboral" tanto de la misma como de las relacionadas con ella desde su creación.
Por ello, aunque esta materia no formaba parte de la investigación inicial, el juez decidió remitir toda la documentación al respecto a la Agencia Tributaria "por si existiera irregularidades respecto de la Seguridad Social, infracciones laborales, fiscales, contables y societarias.
Será en este caso la investigación administrativa la que, en su caso, determine el alcance de las conductas de las personas cuyas identidades obras en autos con relaciones de matrimonio, familiares, societarias, apoderados de empresas, dueños de otras beneficiarias de contratos derivados a terceros, incrementos patrimoniales no justificados fiscalmente, derivaciones de propiedades a familiares más o menos directos y cuya capacidad económica se desconoce, "en definitiva, actuaciones que pueden estar justificadas fiscalmente, laboralmente o de modo contable o bien suponer infracciones administrativas o en su caso, y finalmente, conductas con posible tipificación penal".
