El TSJCyL ratifica nueve años de inhabilitación al exalcalde de Villarino (Salamanca) por prevaricación

   SALAMANCA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de nueve años de inhabilitación impuesta al exalcalde de Villarino de los Aires (Salamanca) Julián Martín por un delito de prevaricación administrativa, por lo que ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por su defensa.

   La resolución ratifica la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante nueve años, dictada previamente por la Audiencia Provincial de Salamanca.

   Según la sentencia, el ex primer edil de Villarino contrató de manera irregular a su hermano como jefe de la cuadrilla de obras públicas del Ayuntamiento y ha prolongado su relación laboral durante tres años sin seguir el procedimiento administrativo legalmente establecido.

   El contrato inicial, previsto para dos meses, se ha extendido hasta 2018, con un salario conforme al convenio de la construcción y un plus de dedicación exclusiva. La Sala ha considerado que esta actuación fue arbitraria y contraria a Derecho, al vulnerar el deber de abstención por parentesco y omitir los trámites esenciales de contratación pública.

   El tribunal ha absuelto al acusado de otros cargos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, al no encontrar pruebas suficientes para sostener dichas acusaciones.

   No obstante, subraya que la contratación de su hermano constituye un acto administrativo ilegal y carente de justificación técnica o jurídica.

   La defensa del alcalde ha alegado vulneración de garantías procesales, error en la valoración de la prueba e infracción de leyes sustantivas. Entre otros motivos, ha sostenido que la Audiencia no respondió a cuestiones previas de nulidad, que se practicaron diligencias complementarias fuera de plazo y que se ha introducido de forma sorpresiva el delito de malversación.

   La Sala del TSJ rechaza todos estos argumentos, al señalar que no se produjo indefensión material y que las irregularidades denunciadas carecen de relevancia jurídica. Respecto a la valoración de la prueba, el tribunal ha recordado que la prevaricación se configura cuando una resolución administrativa es dictada de forma arbitraria, sin fundamento legal ni técnico, y con conocimiento de su ilegalidad.

   En este caso, la prolongación del contrato del hermano del alcalde se ha realizado al margen de cualquier procedimiento, lo que evidencia la voluntad de favorecer intereses particulares.

   La confirmación de la condena supone la inhabilitación inmediata del alcalde, que no podrá ejercer cargo público ni presentarse a elecciones en nueve años. Con esta resolución, se cierra el proceso iniciado en 2015.