UGT suspende la gestión de la Junta en pandemia y solo da un "simple aprobado" a Educación

   VALLADOLID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

   UGT da un suspenso a la gestión de la Junta de Castilla y León durante la pandemia y a los dos partidos que componen el gobierno: a uno, por su "ineficacia" y a otro, por "dedicarse a la propaganda", un insuficiente que el sindicato extrapola también a las consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades, siendo la de Educación la única que alcanza un "simple aprobado".

   Así lo han resumido los diferentes secretarios sectoriales de servicios públicos del sindicato, quienes han analizado las actuaciones de la Junta respecto a los Empleados Públicos durante el curso político 2020/2021 en una rueda de prensa en la que han participado el secretario General de UGT-SP en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña; el secretario del Sector Sanidad, Miguel Holguín; el secretario de Acción Sindical y Aministración Autonómica, Carlos Arenas, y la secretaria del Sector Sociosanitario y Atención a la Dependencia, María Pilar Gutiérrez.

   "No hemos aprendido nada", ha lamentado Pérez Urueña como colofón a un curso que ha estado marcado por la pandemia y por las distintas fases de la desescalada: "La Junta sigue siendo buenas palabras pero pocos hechos". En este sentido, ha acusado el empiece caótico de la Connsejería de Educación que, sin embargo, "se solvetó gracias a la profesionalidad del personal docente y la comprensión de las familais".

   De igual modo, ha criticado la aprobación del calendario escolar de forma "unilateral", pues no contempla "ninguna demanda sindical ni de las asociaciones de padres", mientras que UGT propone un calendario pedagógico bianual "que tenga en cuenta las fiestas pero esté consensuado", a diferencia del actual, que, a su juicio, "degrada a padres, profesores y alumnos".

   Al mismo tiempo, ha reprochado que los profesores de Castilla y León lideran el ranking de los peor pagados en España, además de ser los menos reconocidos, lo que contrasta con que, a pesar de ello, obtengan los mejores resultados: "Les pagan mal, no les reconcoen y, aun así, hacen un trabajo excelente".

   No obstante, Pérez Urueña ha aseverado que la Consejería "no ha tenido una actuación extraordinariamente mala", puesto que ha habido consensos en ciertas materias que han supuesto un "pequeño paso adelante". Todo ello, le ha valido a la cartera de Rocío Lucas un "simple aprobado" o un "progresa adecuadamente".

   Se trata de la única consejería que alcanza el suficiente, pues tanto Miguel Holguín como Carlos Arenas han otorgado un suspenso a Sanidad y Familia e Igualdad de oportunidades.

   "Los planes que mantienen son los mismos que al principio: el cierre de consultios rurales, el ahorro de profesionales y el uso de la Sanidad como moneda de cambio para reordenar el territorio", ha aseverado Holguín en lo que respecta a materia sanitaria. Asimismo, ha afirmado que seguirá pidiendo la dimisión de la consejera, Verónica Casado, "en todos los foros", ya que "no responde a la fama con la que se la trajo ni a los hechos".

   No obstante, sí ha reconocido "lo acertado del plan de fidelización de residentes que, aunque no dio frutos, va por el buen camino", así como la estrategia de vacunación y el desarrollo de procesos de oposición y de bolsas. "Sabemos reconocer lo que se hace bien", ha incidido.

   Por su parte, tanto Pérez Urueña como Arenas han anticipado que aunque la consejería de Familia llega con los primeros exámenes "totalmente suspensos" por reaccionar a la pandemia "tarde y mal", está pendiente de una última evaluación "muy importante": la distribución de los 50 millones de euros para implantar la atención a la dependencia aprobados en el seno del Diálogo Social y de los cuales una partida de 13 millones de euros será para el servicio de ayuda a domicilio.

   En este sentido, Gutiérrez ha solicitado ha solicitado a la Junta que "unifique la ayuda a domicilio" con un precio-hora y un pliego de condiciones único porque, actualmente, cada provincia y cada institución tiene sus propios contratos laborales. "La Junta es la que tiene que tomar las riendas del servicio y acometer un protocolo de actuación que recoja los tiempos de desplazamiento, los permisos retribuidos, las subidas salariales y un sinfín de despropósitos denunciados en cada caso en los diferentes organismos", ha incidido la responsable del Sector Sociosanitario y Atención a la Dependencia.

EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

   La última intervención sectorial ha corrido a cargo de Carlos Arenas, que ha abordado la situación de los empleados de la Administración General de la comunidad y ha acusado, al respecto, que "la gestión de la Junta con la pandemia llegó tarde y mal y, a veces nunca".

   "Llegaron a privatizarse hasta la tramitación de los ERTE y de las subvenciones que se dejaron en manos de diversas empresas, así como el desarrollo de software informático que facilitaba el teletrabajo de los empleados públicos con todo lo que eso supone", ha denunciado Arenas, quien ha recordado que "los 85.000 empleados públicos dependientes de la Junta aún están aguardando que esta cumpla con su compromiso de reducir a 35 horas la semana laboral", así como las revisiones salariales de muy diversos sectores dependientes.

   No obstante, la organización sindical ha reconocido que sí que se ha conseguido el desarrollo de un plan de carrera profesional horizontal, por el que llevaban "años peleando", aunque Arenas ha solicitado un "refuerzo de medios y recursos", por lo que considera "imprescindible incrementar las ratios, por ejemplo, de auxiliares de enfermería y los docentes, los servicios de limpieza de centros públicos, el operativo de incendios o el personal de las escuelas infantiles".

   En este sentido, Arenas ha asegurado que "es muy habitual que la Junta denuncie que algo funcione mal recortando recursos para aducir que está funcionando mal y que hay que privatizarlo" y que el sindicato lleva año denunciando este comportamiento que esquilma los recursos públicos por parte de las diferentes consejerías.

   Por todo ello, el sindicato ha valorado con un suspenso la gestión en este curso, marcado por la irrupción de la pandemia, de "una Junta que privatiza y discrimina".