La Junta ve "claros indicios de intencionalidad" en los últimos incendios de Ávila

El Ejecutivo autonómico llama a la colaboración ciudadana para identificar a los incendiarios en la provincia abulense

Incendio de Cuevas del Valle (Ávila) en la noche del miércoles 30 de julio.
Incendio de Cuevas del Valle (Ávila) en la noche del miércoles 30 de julio. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Actualizado: miércoles, 30 julio 2025 21:07

   VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Castilla y León ha advertido de que los últimos incendios que se han desatado en la provincia de Ávila presentan "claros indicios de intencionalidad", razón por la que ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para identificar a los incendiarios.

   En lo que va de 2025 se han producido 41 incendios forestales en la provincia de Ávila, 6 se han producido por negligencias, mientras que 19 de ellos son intencionados, es decir el 46,34 por ciento, según ha recorado el Ejecutivo autonómcio en un comunicado recogido por Europa Press.

   Precisamente, la Administración autonómica ha remarcado que los incendios intencionados son habitualmente los que causan mayores daños debido a que buscan los lugares y condiciones más favorables para hacer daño, "como es el caso del incendio de Cuevas del Valle-Mombeltran, aún en extinción".

   Por ello, la Junta también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las medidas de prevención para eliminar prácticas negligentes que puedan originar incendios.

   Asimismo, ha recordado que las penas por causar intencionalmente un incendio forestal varían en función de si se trata de un accidente, una negligencia o es intencionado, en cuyo caso puede alcanzar los 20 años de prisión, más la indemnización por los daños causados y los gastos de extinción.

INVESTIGACIÓN

   La investigación que realiza la Junta para conocer las causas de los incendios forestales tiene dos finalidades, como son establecer medidas de prevención que eviten nuevos incendios e identificar posibles responsabilidades administrativas y penales, de las que se encargarán los juzgados.

   En el caso de que existan claros indicios de intencionalidad la investigación se hace de forma coordinada con la Guardia Civil.

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